La nominación de Ariel Lijo y ManuelGarcía Mansilla para ocupar los lugares en la Corte Suprema de Elena Highton de Nolasco (renunció en 2021) y de Maqueda (que deja el cargo en diciembre) encendieron una andanada de críticas de parte de las mujeres de la Justicia.
Representantes de organizaciones que bregan por un equilibrio en materia de género se manifestaron en contra de la propuesta del Gobierno central, puesto que ven una oportunidad para torcer una consolidada tendencia.
Es que las nominaciones para ocupar dos lugares en el máximo Tribunal del país lanzadas por Javier Milei no contemplaron la representación femenina, la cual quedó sin cumplirse luego de la salida de Carmen María Argibay y la de Highton de Nolasco. Consideran que las candidaturas del Juez Federal de Comodoro Py y la del académico de la Universidad Austral no sólo acentúan una evidente inclinación en el Palacio de Tribunales, donde sólo tres miembros de la mesa decagonal fueron mujeres, sino que también van a contramano de normativas, algunas de ellas con jerarquía constitucional.
«Ya no tenemos sólo un techo de cristal para romper -que parece haberse transformado en un techo de cemento-, sino pisos resbalosos y escaleras rotas», graficó Susana Medina, presidente de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, un organismo integrado por magistradas y funcionarias judiciales de todo el país. Medina integra además el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos y presidió la Asociación Internacional de Mujeres Juezas.
María Eugenia Chapero, al frente de la Red de Mujeres para la Justicia, otra organización que nuclea a más de 400 juezas y funcionarias de la Justicia Federal y provincial, se manifestó en el mismo sentido. «Por supuesto que ha sido recibido de muy mala manera. Uno de los objetivos de nuestro trabajo es perforar el techo de cristal, que es este fenómeno que se produce que a medida que vamos ascendiendo funcionalmente hay menos mujeres. Y esto viene a hacer palmaria la existencia exacerbada de estas dificultades de facto, de hecho, de las mujeres para ser elegidas para esos lugares más altos», describió.
ANTECEDENTE
NORMATIVO
Es que las críticas, plasmadas en sendos comunicados de las organizaciones que presiden, tienen más de un anclaje jurídico. El decreto 222, dictado en 2003 por Néstor Kirchner, prevé que «al momento de la consideración de cada propuesta se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición general de la Corte Suprema de Justicia para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional». «Incumple con todo», remarcó Chapero.
A ese decreto se suma la Ley N° 23.179 que en el año 1985 ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, su sigla en inglés), incorporada en la Constitución nacional en inciso 22 del artículo 75.
«En el artículo 11 se exige que los estados partes adopten todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar», subrayó Medina. «El Estado se ha obligado a través del Cedaw a tomar las medidas apropiadas para lograr una equidad e igualdad de género en los cargos de decisión», insistió.
«Queremos una mujer en la Corte», reclamó Chapero. «De hecho, nos sorprendió también que eran dos cargos los que estaban ahora concursando, y creemos que lo que corresponde son dos mujeres», añadió.
LOS CANDIDATOS
Para cubrir la vacante que dejó la ex magistrada Elena Highton de Nolasco en octubre de 2021, el Poder Ejecutivo postuló al juez federal Ariel Lijo, cuya nominación se vio rodeada de cuestionamientos por las denuncias que arrastró a lo largo de los últimos años; y para cubrir la vacante que dejará en diciembre Juan Carlos Maqueda -cumplirá 75 años- a Manuel García Mansilla.
«Diría que opera un orden lógico patriarcal que subyace», remarcaron desde la Red de Mujeres para la Justicia. «La pregunta es: ¿cómo hacemos que las leyes que están vigentes se efectivicen, es decir, que los derechos se hagan efectivos en la realidad?», se preguntaron.
Las letradas evitan caer en polémicas y esquivan los juicios sobre la «idoneidad» de los nombres elegidos por el Presidente, para poner el foco en la ausente paridad de género que acarrean las designaciones.
«El hecho de que sean dos hombres en lugar de dos mujeres, como hubo en su momento, no responde a los compromisos asumidos por la República Argentina de avanzar para lograr la paridad de género en todos los ámbitos», resaltó Medina, quien, además, integra el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos.