Diputados de la Comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad se reunieron ayer con la defensora general Alicia Alcalá y la defensora adjunta Gisella Gaúna Wirz, quienes expusieron su posición sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propicia la limitación del uso de telefonía celular e internet en el interior de los establecimientos penitenciarios de la provincia.
En marzo pasado, el gobernador Leandro Zdero presentó la iniciativa considerando que la Cámara de Diputados no se expidió con respecto al veto parcial del exmandatario Jorge Capitanich a la sanción legislativa 3794-J de prohibición del uso de telefonía celular e internet en los establecimientos penitenciarios, haciendo hincapié en que el objetivo principal es prevenir la planificación, dirección y comisión de delitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios sin vulnerar el derecho de todo interno a comunicarse.
Desde la Defensoría General explicaron que «se trabaja hace mucho tiempo con las personas privadas de la libertad, lo que las defensorías hacemos es darle voz a la gente que no la tiene y sabemos que el uso de la telefonía ha redundado en una baja de los niveles de violencia y de comisión de delitos intramuros y extramuros».
También señalaron que «ni la Procuración General, el Servicio Penitenciario ni la Policía pueden dar una cifra exacta de números de delitos cometidos por el uso de celulares. Además, los presos como saben que se los puede identificar por el Imei (International Mobile Station Equipment Identity, en inglés), es un código de quince dígitos pregrabado por el fabricante para identificar cada equipo móvil a nivel mundial) no hacen un uso delictivo de los celulares, sino que estos tienen un uso lícito en la mayoría de los casos, hay muchos presos que están estudiando o realizando cursos de capacitación».
«El Estado no le está pudiendo garantizar a las personas privadas de su libertad todos los derechos que la Constitución les garantiza ni tampoco hay presupuesto para brindarles computadoras a los presos que están estudiando, por ejemplo», indicaron.
OTROS PROYECTOS
Las funcionarias además brindaron su opinión sobre el proyecto presentado por legisladores de Juntos por el Cambio que busca modificar la Ley de Seguridad Pública con el fin de facultar al Ministerio de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Seguridad Pública, a redactar el protocolo de actuación de los dispositivos electrónicos de inmovilización momentánea de Baja Letalidad (Deim), conocidas como pistolas Taser, como así también la formación y capacitación del personal policial para el uso del dispositivo».
Acerca de esta propuesta, Alcalá se manifestó a favor del proyecto y la utilización de estas pistolas, pero hizo hincapié en la necesidad de llevar adelante una buena preparación de las fuerzas de seguridad.
Por último, ambas defensoras expresaron su acompañamiento al proyecto de ley que tiene por finalidad regular el procedimiento de extinción de dominio de los bienes que provengan de actividades ilícitas, así como también su administración y destino.
Participaron de la comisión los diputados Darío Bacileff Ivanoff, Maida With, Zulma Galeano, Dorys Arkwright, Nicolás Slimel, Teresa Cubells, Francisco Romero Castelán, Mariela Quirós, Silvina Canteros y Paola Benítez.