El gobierno encabezado por Javier Milei ordenó reforzar la seguridad en los aeropuertos, las sedes de algunas embajadas e instituciones religiosas y culturales pertenecientes a la colectividad judía.
“Simple protocolo. No hubo amenazas”, aclaró una fuente del Ministerio de Seguridad respecto a la intensificación de las medidas de protección que fue acordada en una reunión que protagonizó la titular de la cartera, Patricia Bullrich, y el secretario, Vicente Ventura Barreiro.
La decisión fue tomada luego de que la Cámara Federal de Casación Penal responsabilizara a la organización fundamentalista islámica Hezbollah, patrocinada por el gobierno de Irán, de los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994.
La intención de la administración es maximizar los cuidados en las áreas que consideran sensibles, susceptibles a ataques del estilo. Algunos de los edificios son aeropuertos, las embajadas de Estados Unidos y la de Israel, e instituciones culturales y religiosas de la colectividad judía.
El fallo declaró, además, que ambos episodios deben ser considerados como delitos de lesa humanidad, lo que implica que las investigaciones no prescriben pese al paso del tiempo y la carencia de resultados judiciales.
Los jueces Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña determinaron que ambos atentados fueron planificados desde Irán y ejecutados por Hezbollah, organización a la que definieron como un virtual brazo armado para acciones terroristas.
Los jueces ratificaron el carácter de lesa humanidad, que en el caso de la AMIA ya había sido declarado por el juez Rodolfo Canicoba Corral hace casi dos décadas.
El tribunal rebajó, por otra parte, la condena contra el exjuez Juan José Galeano, quien pasó de seis a cuatro años de cárcel por el presunto pago ilegal al desarmador de autos Carlos Telleldín para que involucrara falsamente a policías bonaerenses en el atentado contra la mutual judía.
A los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia les mantuvo los dos años de prisión, y a Telleldín lo absolvió al no poder certificar que hubiera tenido participación directa o indirecta en el ataque.
También fue absuelta Ana María Boragni, exmujer de Telleldín, quien durante una audiencia reciente dijo al tribunal que cuando se pactó un pago ilegal de 400 mil dólares a su expareja estaba presente el entonces ministro del Interior, Carlos Corach.
Entre los absueltos también aparece el extitular de la DAIA Rubén Beraja. Además, desvinculó al exjuez Galeano del encubrimiento de la denominada “pista siria” y por extensión hizo llegar el alcance de esa decisión al difunto expresidente Carlos Menem.
La resolución exhorta al Estado argentino a formular un reclamo formal en tribunales internacionales contra la República Islámica de Irán.