El Correo Argentino es una de las nueve empresas públicas que el Gobierno pretende privatizar si se aprueba la Ley Bases en el Congreso de la Nación. Se activó hace dos semanas un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas con importantes beneficios con el objetivo de reducir de manera inmediata la plantilla de 16.858 empleados. Con este proceso en marcha, ya se concretaron unas 2000 cesantías, pero la intención de la gestión de Javier Milei es avanzar con los recortes hasta alcanzar una nómina final de 9500. Así lo reconocieron a LA NACION fuentes inobjetables de la empresa estatal, cuyo cliente principal es Mercado Libre.
Correo Argentino tuvo en 2023 un déficit de $100.000 millones y el desafío del Gobierno es lograr un equilibrio económico mediante una novedosa reestructuración que contempla, además de las más de 7000 bajas laborales, la venta de algunos de los 901 inmuebles que tiene la compañía distribuidos en todo el país y el surgimiento de franquicias públicas y privadas para conservar la presencia en las 24 provincias. Para avanzar con las franquicias no sería necesario el aval del Poder Legislativo. Ya está en marcha una iniciativa para que comercios como kioscos o estaciones de servicios cuenten “un punto correo”. También lo podrían tener intendencias u otras sedes estatales. De esta manera, Correo Argentino se ahorraría los costos del lugar de atención al público y también del personal. El objetivo de la administración libertaria es que la empresa no dependa más del Tesoro para afrontar el pago de los salarios.
Está al frente del proceso de reestructuración Camilo Baldini, el actual presidente y director de Correo Argentino. Como el resto de las empresas públicas, el área está bajo la órbita de Nicolás Posse, el jefe de Gabinete. Baldini conservó su puesto después de haber ocupado el mismo sillón durante la presidencia de Alberto Fernández. Es uno de los 1867 funcionarios del Frente de Todos que siguen “en puesto de decisión” a pesar del cambio de gobierno, tal como lo reconoció Posse en su presentación ante el Senado. Baldini ya había estado también en la empresa pública durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, cuando La Cámpora controlaba el Ente Nacional de Comunicaciones. Entonces, ¿un filo kirchnerista está al frente del ajuste que ordenó Milei? No. Baldini no es un militante sino un técnico que conoce el negocio postal, según describen fuentes del sector.
La incertidumbre por el futuro del Correo Argentino sobrevoló en varios tramos de la exposición de Posse en el Senado, el miércoles último. José María Carambia, senador nacional por Santa Cruz, señaló durante la sesión que la intención del Gobierno es pagar las indemnizaciones antes de que la empresa sea privatizada. La misma sensación tienen dos fuentes empresarias del sector a las que consultó LA NACION.
Si el Correo Argentino cede terreno en el negocio, que sería lo opuesto al plan de competitividad y saneamiento económico que Baldini le presentó a Posse, se abriría una oportunidad que los correos privados podrían capitalizar. Es decir, podrían beneficiarse Andreani, de la familia homónima; OCASA, la empresa de Héctor Colella, exabogado de Alfredo Yabrán, y OCA, al mando hoy de Claudio Espinoza (un empresario del transporte cercano a Hugo Moyano que le tomó hace dos años la posta al Grupo Clear, vinculado a Cristóbal López y con paso fugaz por el rubro). Espinoza, a través de la firma Flecha Log, mantiene hoy un beneficioso acuerdo económico con el Correo Argentino como proveedora de camionetas para el reparto de lo que en la jerga se llama “última milla”, según informaron fuentes del sector.
El sindicato que lidera Moyano es un jugador protagónico en lo relativo al correo postal privado, cuyos trabajadores pueden estar encuadrados en el convenio 40/89 de los camioneros. En cambio, el personal de Correo Argentino se distribuye en 93 sindicatos de todo el país que están representados en cuatro federaciones. La más fuerte y representativa es la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt), que encabeza Alberto Carlos Cejas. En la gerencia del Correo Argentino, creen hoy tener el aval de los sindicatos para avanzar con el ajuste. LA NACION intentó sin éxito comunicarse con Cejas por diferentes vías.
Mercado Libre, el gigante del comercio electrónico que lidera Marcos Galperin, sigue con atención el rompecabezas del sector, aunque rechazan de manera tajante un interés por comprar Correo Argentino, que estuvo concesionado por el Grupo Macri entre 1997 y 2003 por un canon que es motivo de una vigente pulseada en la Justicia entre el Estado y Socma. “Hoy es todo reemplazable por tecnología”, defendió la política oficial de recortes un exempresario del rubro.
El plan de reducción de la estructura del Correo Argentino no es nuevo. Ya se había avanzado con un recorte de personal entre 2021 y 2022, pero lo que hizo ahora la gestión de Milei es acelerar el proceso con mayor determinación. Los retiros voluntarios contemplan el pago de la indemnización correspondiente más un 30% adicional. El proceso arrancó el 2 del mes en curso y finaliza el 24. Casi en línea con los tiempos que se trazó el oficialismo para aprobar la Ley Bases y contar con luz verde para privatizar.
El Correo Argentino tiene hoy 14.500 empleados, 1452 sucursales y 901 inmuebles propios. La intención es reducir la planta a 9500 personas y 500 sucursales. Con esta estructura, la empresa estatal no lidera el mercado postal y logístico interno. A diferencia de las empresas privadas, Correo Argentino debe garantizar por ley la logística de las jornadas electorales nacionales. El reparto de urnas y votos en todo el país. También mantiene bajo su órbita el correo postal tradicional de entrega de documentación personal, cartas documentos y telegramas, que ya se pueden hacer de manera electrónica sin la necesidad de ir a una sucursal oficial.
“El verdadero valor que tiene el Correo Argentino son sus inmuebles”, dijo un empresario del sector. La intención de Baldini es venderlos para invertir lo recaudado en tecnología. Tan incierto como el desenlace de la Ley Bases es saber si el Gobierno tiene un deseo verdadero de competir con una empresa postal propia en el mercado local de la logística, como ocurre en otros lugares del mundo, o si el plan de reducción es solo para allanar el camino hacia una eventual privatización.