El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará hoy y mañana avanzar en un acuerdo con los bloques dialoguistas para conformar una mayoría que le permita restituir las reformas al Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales que el Senado rechazó en el proyecto de ley de paquete fiscal, que tiene un fuerte impacto en las arcas del Estado nacional y las provincias.
El Gobierno y la mayoría de los gobernadores -con excepción del kirchnerismo- quieren reponer el Impuesto a las Ganancias para que los empleados que cobran un sueldo bruto de $1.8 millones, en el caso de los solteros, y de $2.3 millones, en el caso de los casados, paguen ese tributo.
El impuesto que deberán pagar será el excedente entre el Mínimo No Imponible y el sueldo bruto que perciben con una escala progresiva entre el 9% y el 35%, aunque el tope solo se aplicará a sueldos superiores a 36%.
Además, se repusieron en el texto de Diputados las posibilidades de deducciones por cónyuge, por un monto de $2.9 millones por año e hijos ($1.4 millones por año), por personal de casas particulares, gastos médicos y seguro de vida, pero no se incluyeron las horas extras, el aguinaldo, los bonos por productividad y el diferencial para los trabajadores de la Patagonia.
TOPE SALARIAL
Otro punto clave que figuraba en el dictamen de Diputados es la ratificación del DNU por el cual se definió que no pagarán tributo los sueldos que sean equivalente a 15 sueldos mínimos entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, ya que esa medida se debe adoptar por ley para que los trabajadores no sufran los descuentan de esa resolución.
En el proyecto sancionado en septiembre de 2023, aprobado en el gobierno de Alberto Fernández a instancias del entonces candidato presidencial Sergio Massa que se está aplicando aún, se estimó que el impacto fiscal era 0,83 del PBI (casi $3 billones).
En otra parte, en el proyecto diseñado por el Gobierno para 2024 se estimaba que reduce el impacto fiscal del Impuesto a las Ganancias en 0,5 del PBI y en el texto aprobado por Diputados en 0,43 del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso nacional.
BIENES
PERSONALES
El oficialismo también quiere que se insista con el título sobre Bienes Personales, que tiene una suba del Mínimo no Imponible y reducción de tasas porque es un incentivo para el blanqueo de capitales.
El Gobierno proponía aumentar el Mínimo No Imponible a partir del cual se iba a comenzar a pagar Bienes Personales, con lo cual se iba a tributar a partir de $100 millones en lugar de $27 millones como está en la ley vigente y con una alícuota 0,5% al 1,5% cuando en la actualidad está en 1,75%.
También se permitía pagar en forma adelantada por cinco años el Impuesto a los Bienes Personales y allí la alícuota que deberán pagar será 0,45% por año.
En cambio, se mantendrán los cambios en el blanqueo de capitales que permite ingresar al sistema bienes no declarados sin pagar impuestos hasta USD100 mil y posterior a esa cifra y en el momento que se adhiere a este régimen, se pagarán alícuotas progresivas del 5,10% y 15%.
El Senado introdujo varios cambios a esta propuesta del Gobierno para impedir que puedan ingresar en el blanqueo de extranjeros y que pueda hacer quienes tienen bienes a nombre de terceros así como los familiares de los narcotraficantes.
Por otra parte, se introdujeron otros cambios para que no puedan adherir al blanqueo las personas que fueron funcionarios en los últimos diez años, así como los familiares directos y hermanos. Tampoco se permitirá blanquear criptomonedas del exterior.
Además, se mantendrá el nuevo texto sobre regalías que establece que los actuales emprendimientos se mantendrán en el 3% y solo se elevará al 5% en el caso de las nuevas inversiones. La minería es uno de los sectores a los cuales está dirigido el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Rigi), que es uno de los puntos centrales de la Ley de Bases.
Inconstitucionalidad
de las normas
En diciembre pasado, el gobernador Leandro Zdero, mediante el decreto 107/23, instruyó al fiscal de Estado provincial, Roberto Herlein, a iniciar acciones judiciales contra el Estado nacional en respuesta al decreto 473/23 y la Ley 27725, que eximieron a un gran número de trabajadores y jubilados del pago del Impuesto a las Ganancias,
El Chaco se suma a las demandas ya presentadas ante la Corte Suprema por Corrientes y Mendoza, las cuales buscan que se declare la inconstitucionalidad y nulidad del decreto firmado por el expresidente Alberto Fernández e impulsado por el ex ministro de Economía, Sergio Massa.
El decreto firmado por Zdero argumenta que el decreto 473/23 presenta graves vicios en sus elementos esenciales, como la falta de causa, motivación y competencia, lo que lleva a su nulidad absoluta e insanable conforme al artículo 14, incisos a y b de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
En disidencia
A contramano del nutrido grupo de mandatarios que insta al gobierno central a restituirlo, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se opuso a la imposición del Impuesto a las Ganancias, argumentando que la medida perjudicaría tanto a los trabajadores como a las provincias
Ziliotto asegura que las finanzas provinciales no se benefician con la recaudación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios de más de un millón de trabajadores.
Según él, estos ingresos se verían disminuidos por la reducción del Impuesto a los Bienes Personales, afectando aún más a las provincias en términos de recursos.
En la Patagonia, donde los sueldos son mayores, Ziliotto y otros gobernadores, como Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), se opusieron a la restitución del impuesto, lo cual generó preocupación en el resto del país, especialmente entre los gobernadores de Juntos por el Cambio.