Emerenciano Sena y Marcela Acuña están presos desde junio del año pasado por el supuesto femicidio de su nuera, Cecilia Strzyzowski. Se los acusa de ser partícipes primarios del crimen. Sin embargo, no es la única causa que pesa sobre el matrimonio piquetero.
La Justicia Federal chaqueña los investiga en dos expedientes diferentes: uno, por lavado de dinero y, el otro, por trata de personas con fines de explotación laboral. En ambas hubo novedades en los últimos días.
Un informe de la revista judicial Litigio hace mención a que en la causa por lavado, el juez federal 2 de Resistencia, Ricardo Mianovich, dispuso llamar a indagatoria a Sena y Acuña para el 30 de julio próximo. Además, ordenó la inhibición general de bienes de ambos.
Esta investigación se inició con el hallazgo de $6 millones en efectivo en el allanamiento realizado por el fiscal Jorge Cáceres Olivera, el 9 de junio de 2023 en el domicilio familiar de los Sena, ubicado en Santa María de Oro 1460. El secuestro del dinero se dio en el marco de la investigación por el femicidio de Cecilia.
Tras solicitar informes a diversos entes y registros públicos, como así también a escribanías locales, el fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, presentó un requerimiento de instrucción judicial por el presunto delito de lavado de activos.
En sus pesquisas, Sabadini constató inconsistencias patrimoniales en la pareja, inconsistencias en los balances de la Fundación Saúl Acuña y puso la lupa en la compra de múltiples vehículos, inmuebles y la realización de reiterados viajes al exterior por parte del matrimonio.
En el requerimiento judicial, el fiscal le atribuye a Sena y Acuña la puesta en circulación en el mercado, a través de diversas maniobras, de fondos de origen ilícito provenientes de delitos de corrupción o fraude a la administración pública provincial, con la consecuencia posible de que adquieran apariencia de licitud. Asimismo, esto se tradujo en un significativo incremento y movimientos patrimoniales que no encuentran correlato en los magros ingresos lícitos y situación fiscal y patrimonial que registran ambos, cuyos únicos ingresos declarados corresponden a sus sueldos como empleados públicos provinciales.
Se pudo establecer que los acusados incorporaron a sus patrimonios numerosos vehículos e inmuebles, a nombre propio como así de la Fundación Saúl Acuña, de la cual eran presidente y tesorera, simultáneamente.
«Las circunstancias expuestas permiten inferir la sospecha de posible participación o vinculación de los imputados en la comisión sistemática de delitos de acción pública de larga data que habrían generado importantes ganancias ilícitas», indicó el Ministerio Público Fiscal.
TRATA
La otra causa que tiene a maltraer a los Sena es un tanto llamativa debido más que nada a su longevidad y los años que estuvo paralizada: la denuncia primigenia ocurrió hace más de 14 años y el expediente permaneció «perdido» durante 12.
Sin embargo, en los momentos más álgidos del caso Cecilia, fue «encontrado» por empleados del juzgado Federal 1 de Resistencia y rescatado del olvido, indica la publicación.
Así, tanto Sena, como Acuña y el dirigente social, Osmar Quintín Gómez (actualmente detenido en una causa por violación), fueron procesados en febrero pasado por la jueza Federal 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, acusados del delito de trata de personas con fines de explotación laboral mediante engaño, violencia, amenazas y abuso de una situación de vulnerabilidad, calificado por haber sido cometido por tres o más personas y por el número de víctimas.
La causa original se inició a partir de una denuncia realizada el 6 de marzo de 2010 por parte del abogado Sergio Schoklender, apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, por la comisión de hechos que se enfocaban en el proyecto del ex Campo de Tiro, ubicado en avenida San Martín al 3500 en el marco del proyecto Sueños Compartidos.