El Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia rechazó el pedido de prisión domiciliaria de la defensa del represor Ángel Jorge Ibarra, condenado en dos juicios por delitos de lesa humanidad realizados en el Chaco a doce y seis años.
La resolución fue dictada el martes 18 pasado y lleva las firmas de los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Mariela Rojas, que conformaron el tribunal como jueces ad hoc para resolver este planteo de la defensa de Ibarra.
A pesar de haber superado la edad de 70 años, el TOF consideró que ese requisito objetivo no es suficiente para justificar la concesión del beneficio de la domiciliaria.
En ese sentido, advirtieron que «no se advierten en el caso de Ángel Jorge Ibarra tales factores adicionales a la condición etaria, como por caso, cuando la situación de encierro adquiera entidad cruel, inhumana o degradante o un padecimiento diferencial que permitirían percibirla como una situación o estado justificante para el otorgamiento de la medida de morigeración preventiva».
En ese contexto, los integrantes del tribunal valoraron el dictamen del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema que concluyó que «las patologías que presenta Ibarra pueden ser tratadas en el establecimiento penitenciario en el que se encuentra».
En el mismo sentido, un informe de la Sección Médica de la Unidad 7 de Resistencia, reveló que, pese a las dolencias físicas y las propias de la edad, «no se encuentra en situación de desamparo, sino debidamente tratado recibiendo continua asistencia profesional, dieta adecuada y medicado, presentando evolución favorable en cada episodio que debió ser asistido».
Ibarra fue condenado dos veces por crímenes de lesa humanidad: una en 2018 y otra en 2021. La primera se dio en el marco de la causa conocida como Caballero II (llamada así por el represor que encabezaba la nómina de imputados del primer juicio por torturas en la Brigada, Humberto Lucio Caballero).
En esa oportunidad fueron once los represores condenados. Ibarra recibió la pena de 12 años de prisión tras ser declarado culpable por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia por los delitos de tormento físico y psíquico agravado y privación ilegítima de la libertad agravada.
En 2021, en el juicio por la causa Caballero III, el exsuboficial fue nuevamente encontrado culpable por la Justicia Federal de Resistencia por aplicar tormentos contra dos detenidos políticos.
Sin embargo, en este caso fue condenado a 6 años.
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