Greenpeace reportó que durante el primer semestre de este año, en el norte del país, se deforestaron 59.557 hectáreas, es decir un 15% más que en el mismo período del 2023, cuando se habían desmontado unas 51.600 hectáreas.
Según la ONG ambiestalista, la situación más grave se da en las provincias del Chaco y Santiago del Estero, donde la mayoría de los desmontes son ilegales.
La organización ecologista volvió a reclamar la penalización de la destrucción de bosques.
El coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, expresó su preocupación por «este aumento de la deforestación y que la mayoría sea ilegal», al tiempo que subrayó que «en el Chaco, todos los desmontes se hicieron violando la suspensión que dictó la justicia provincial a fines de 2020».
Además, Giardini apuntó que «para peor, recientemente se sancionó una flexibilización de su ley provincial, mientras que en Santiago del Estero, el gobierno autoriza desmontes para ganadería donde no está permitido».
«Es evidente la complicidad entre gobiernos y empresarios agropecuarios para arrasar con nuestros bosques con total impunidad. Todo esto ya lo denunciamos ante la Corte Suprema», remarcó.
EL DESMONTE EN NÚMEROS
El relevamiento de Greenpeace, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que entre enero y junio de 2024, la deforestación en Chaco alcanzó las 27.148 hectáreas; en Santiago del Estero 21.047 hectáreas; en Formosa 7.162 hectáreas; y en Salta 4.200 hectáreas; totalizando 59.557 hectáreas.
Según la organización, la principal causa de la pérdida de bosques es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que en gran medida se exporta a Asia y Europa, sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande del continente.
«La deforestación provoca cambio climático, desaparición de especies, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, y pérdida de alimentos, medicinas y maderas», afirmó Giardini, y agregó: «Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que debería llevar a que los gobiernos actuaran en consecuencia, prohibiendo los desmontes, en lugar de promoverlos. Por otra parte, el sistema de multas no es suficiente contra la ilegalidad, por lo que la penalización se hace necesaria».