Alfredo Vallejos asumió formalmente el pasado lunes el cargo en la cartera de Seguridad provincial, en el marco de la investigación por la desaparición de Loan Peña. Quien fuera presidente del Concejo Deliberante capitalino destacó que «la prioridad es colaborar con la Justicia Federal» en la investigación por la desaparición del niño (5) buscado desde el 13 de junio y en una causa que tiene por el momento siete detenidos.
En este sentido, el funcionario se mostró «absolutamente respetuoso» por la investigación que lleva adelante la Justicia Federal, reiterando la puesta a disposición de «todos los recursos de la provincia» en la causa.
En declaraciones radiales reconoció que «hay cuestiones que no se conocen y algunas trascendieron» sobre el caso y que espera que el levantamiento del secreto de sumario «lleve algo de claridad a la gente».
El ministro fue consultado sobre la oferta de una recompensa propia por parte del abogado Fernando Burlando. «Hay muchos sectores que no colaboran con seriedad con lo que tiene que ver con la investigación», dijo, recalcando que «el primer afectado en esto es Loan que está desaparecido y su familia, la imagen del Gobierno queda en segundo plano».
PROCEDENTE
«No es la forma de actuar», agregó el dirigente radical, indicando que «lo importante es que la investigación dé los pasos que tiene que dar para saber dónde está Loan y quienes son los responsables».
Deslizó que «la jueza tiene las herramientas para tomar medidas cuando sea necesario», mientras que afirmó que «la Provincia con fuerzas federales hizo un rastrillaje de 30 mil hectáreas que no tiene precedentes».
Al respecto, Vallejos recordó que en los primeros momentos, «se realizó una investigación y se siguieron los dichos de los familiares en primera instancia». Aludiendo a la situación del excomisario Walter Maciel, explicó que «desde el punto de vista formal no había impedimentos para que esté a cargo de la comisaría», pero señaló que «fue la misma Policía de Corrientes la que aportó datos» para la detención.
Vallejos señaló que «los protocolos que se tengan que cambiar se modificarán», pero afirmó que «tiene que quedar claro que la Policía tiene cerca de 10 mil efectivos, la enorme mayoría se maneja dentro de la ley, con responsabilidad y van a tener nuestro respaldo, pero quienes se aparten deberán responder ante la Justicia».
