A 100 años de la Masacre de Napalpí, se presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley para establecer el 19 de julio de cada año como Día de Duelo, una manera de afianzar la conmemoración y la memoria sobre uno de los hechos más trágicos de la historia de la provincia.
El proyecto, elaborado e impulsado por los diputados Mariela Quirós y Omar Gullón, plantea la necesidad de reconocer a los pueblos originarios y enfatizar la dimensión política y social de un hecho juzgado y condenado por la sociedad chaqueña.
«La Masacre de Napalpí fue parte de un plan sistemático de exterminio de las comunidades indígenas, parte de la historia más atroz del Chaco, y nuestro propósito es aportar a que la memoria sobre Napalpí se mantenga siempre vigente», plantearon la diputada y el diputado impulsores del proyecto.
«La posibilidad de reconstruir la Masacre, la posibilidad de juzgarla, de que se establecieran responsabilidades, de que se hiciera justicia, fue un logro de la sociedad chaqueña y una muestra de coraje por parte de los pueblos originarios -señalaron Quirós y Guillón-. Con este proyecto queremos refrendar ese sentimiento, y reafirmar la vigencia de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia».
Como punto de partida para el desarrollo de esas políticas fue determinante el gesto asumido en 2008 por quien fuera entonces gobernador Jorge Capitanich, que en nombre del Estado chaqueño pidió perdón a los pueblos originarios víctimas de la Masacre.
A partir de esa instancia, y con la decisión política de arribar a la verdad histórica, se habilitó el camino para la reivindicación de las víctimas y para la legítima búsqueda de justicia.
JUICIO POR LA VERDAD
El Juicio por la Verdad desarrollado en 2022 permitió asimismo establecer que el 19 de julio de 1924 la Policía del Chaco -apoyada por gendarmes y grupos paramilitares- asesinó a entre 400 y 500 personas -adultos, niñas y niños, ancianas y ancianos-, en la reducción Napalpí, a 120 kilómetros de Resistencia.
Con plena conciencia racista y ejemplificadora, el Estado chaqueño -entonces gobernado por el interventor Fernando Centeno- llevó adelante una de las matanzas más sanguinarias del siglo XX.
En huelga por las deplorables condiciones de trabajo, rayanas en la esclavitud, a que eran sometidas, familias qom y moqoit acamparon en la zona en reclamo por su situación. Policías y paramilitares llegaron hasta el lugar y dispararon y golpearon con machetes a familias enteras.
Como señala el proyecto de ley en sus fundamentos, el ataque «dejó secuelas de por vida a los sobrevivientes, y en toda la región; y ha sido catalogado como uno de los episodios más atroces sucedidos en la Argentina».
«El silencio sobre el acontecimiento duró décadas hasta que, en 2008, Melitona Enrique relató su testimonio. A pesar de sus 107 años, en su memoria están grabadas imágenes a fuego y sangre del trágico evento. Mencionó que se ocultó en los montes cercanos y permaneció varios días sin consumir alimento o bebida», rememora el proyecto.
El testimonio de Melitona Enrique fue determinante para apuntalar la investigación que desde 2014 encabezó la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal del Chaco, bajo la dirección de Diego Vigay; la Masacre fue catalogada como crimen de lesa humanidad -actos contra una población sobre tortura, exterminio, persecución por motivos raciales, violación, y esclavitud sexual.
De esta investigación, y de los sucesivos testimonios de sobrevivientes de la Masacre, se arribó a la posibilidad del juicio por la verdad, instancia que habilitó en 2021, la jueza Zunilda Niremperger.
El desarrollo del juicio, en 2022, fue ejemplar y permitió establecer a los responsables, las causas y consecuencias de una Masacre que aún resuena en la memoria colectiva.
La declaración del 19 de julio como Día de Duelo provincial servirá, como bien reza el proyecto de ley, «para recordar nuestra historia, reconocer a nuestros pueblos originarios, dar sentido y valor a todas las vidas, recordar con pesar a los muertos, y para que nunca más vuelva a suceder», expresa.