El Gobierno nacional oficializó este martes el cierre del INADI, mediante la publicación del Decreto 696/2024 en el Boletín Oficial. El cierre se produce meses después del anuncio, ocurrido el pasado 22 de febrero.
Con la medida, quedó disuelto el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo se disolvió y ahora, todos sus recursos serán transferidos al Ministerio de Justicia.
El decreto establece en sus considerandos que «esta Administración ha tomado desde el inicio de su gestión distintas medidas tendientes a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan».
En ese contexto, se detalla que las nuevas autoridades del INADI produjeron un informe de relevamiento de las diferentes áreas que actúan dentro del mismo, «en el cual se observan: (i) graves irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos; (ii) sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional; (iii) retrasos injustificados en la solución de denuncias y expedientes administrativos e (iv) ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia».
Así, aseguraron que de ese documento «se desprende que el Instituto no cuenta con registros fidedignos ni de sus actividades ni de ninguno de los pagos de haberes efectuados previo a diciembre de 2023, ni tampoco con procedimientos tendientes a garantizar las tareas de control y fiscalización en la utilización de los recursos».
Por ello, en su artículo 1º el decreto establece: «Disuélvese el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia».
En su artículo 2º, la norma transfiere «la totalidad de los recursos materiales y financieros del Instituto que se disuelve por el artículo 1º del presente decreto al Ministerio de Justicia».
Además, establece que «el personal del Instituto que se disuelve por el artículo 1º del presente, alcanzado por el régimen de estabilidad, queda sujeto a las previsiones de lo dispuesto por el artículo 11 del Anexo de la Ley Nº 25.164 y sus modificatorias».
Y que el Ministerio de Justicia será quien tenga a cargo «la elaboración y puesta en ejecución de las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo».