La jueza federal Nº 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, hizo lugar este lunes a una medida cautelar a través de la cual ordenó al Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible del Chaco la suspensión de los desmontes por un período de tres meses. Así, la magistrada hizo lugar al requerimiento del fiscal Patricio Sabadini, en el marco de una denuncia penal impulsada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
La medida comprende a los desmontes “que hubieren sido autorizados y aun no se han ejecutado, como así, el otorgamiento de nuevos permisos para ello, en el territorio de la provincia del Chaco; debiendo adoptar las medidas pertinentes a los efectos de supervisar en forma inmediata y permanente el cumplimiento de la misma”.
La magistrada fundamentó la decisión judicial ante “la urgencia en la necesidad de adoptar medidas de prevención para evitar la ocurrencia de daños irreparables”.
La cautelar fue solicitada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas en el marco de una denuncia penal contra funcionarios, exfuncionarios, legisladores provinciales y empresarios forestales que habrían actuado ilegalmente para habilitar desmontes en zonas protegidas de la provincia.
Para la magistrada, en el caso se dan los dos requisitos para adoptar la medida protectoria y sostuvo que “no puede desconocerse que en asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental, las reglas procesales deben ser interpretadas con un criterio amplio que, sin trascender el límite de su propia lógica, ponga el acento en su carácter meramente instrumental de medio a fin, que en esos casos se presenta una revalorización de las atribuciones del tribunal al contar con poderes que exceden la tradicional versión del juez espectador”. Así, señaló que “el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie”.
“En las cuestiones ambientales, existe lo que se llama el activismo jurídico, por lo cual los jueces debemos actuar en forma rápida y activa en defensa del ambiente, conforme los parámetros internacionales y la constitución nacional, como así también, las recomendaciones que tanto a nivel internacional como nacional han establecido la Corte Interamericana de DDHH y la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, fundamentó Niremperger.
Funcionarios implicados
Días atrás se había conocido la imputación del ministro de Producción y el Desarrollo Económico Sostenible de Chaco, Hernán Halavacs, por parte del fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, por ser partícipe del desmonte de bosque nativo en la provincia. En la causa se investiga el entramado político y empresarial detrás del desmonte.
“Representa un golpe decisivo contra la llamada Mafia del Desmonte de Chaco, organización criminal devastó (y devasta) miles de hectáreas de monte nativo”, difundió por entonces el grupo de letrados especializados.
La “dura y contundente denuncia penal” es contra Hernán Halavacs, gestor forestal, actual Ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de Chaco; Miguel Ángel López, ex Director de Bosques de la Provincia, actualmente empresario forestal; Luciano Olivares, ex Subsecretario de Desarrollo Forestal, actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia; Atlanto Honcheruk, empresario forestal, Diputado provincial; Juan José Bergia, Diputado provincial; Zenón Cuellar, Intendente de la localidad de El Espinillo – Chaco, entre otros.
De acuerdo a la investigación, Halavacs, ingeniero agrónomo y dueño de una consultora, fue la persona a la que mayor cantidad de permisos de desmonte se le otorgaron en los últimos diez años: tramitó 353 de los 876 permisos que otorgó la Dirección de Bosques entre 2014 y 2021. Es decir, cuando estaba del otro lado del mostrador que hoy atiende.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022 en Chaco se desmontaron 485.162 hectáreas. El monitoreo satelital de Greenpeace detectó la deforestación de 57.343 hectáreas sólo en 2023. En abril de este año, en una sesión de madrugada, la legislatura provincial aprobó una nueva ley de Ordenamiento Territorial de Bosques que permitiría el desmonte de más de un millón de hectáreas.