El Senado de la Nación aprobó por unanimidad, en su última sesión, el proyecto de ley que endurece las penas para quienes cometan el delito de compra y venta de menores. La iniciativa, que obtuvo 67 votos a favor, fue remitida a la Cámara de Diputados para su consideración final.
La propuesta había sido previamente discutida en una sesión del 4 de julio, en medio de la preocupación generalizada por el caso de Loan Danilo Peña, desaparecido desde junio.
En aquella sesión, si bien el proyecto fue aprobado en general, la falta de consenso sobre algunos artículos llevó a que regresara a la comisión para una revisión detallada.
PENAS MÁS DURAS
El proyecto de ley introduce modificaciones al artículo 139 bis del Código Penal de la Nación. Originalmente, este artículo contemplaba penas de prisión de 3 a 10 años para quienes actuaran como intermediarios en delitos relacionados con la supresión y suposición del estado civil e identidad de menores, independientemente de si existía o no una retribución económica.
La nueva redacción, impulsada por los senadores Carolina Losada y Antonio Rodas, eleva la pena a un rango de 5 a 15 años de prisión, tanto para quien reciba como para quien entregue a un menor de edad de manera ilegítima, incluso si no hay intercambio de dinero o contraprestación.
Además, en casos donde el delito sea cometido por funcionarios públicos o profesionales de la Salud, se aplicará una inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.
El proyecto también introduce el artículo 139 ter, que establece penas de 5 a 15 años de prisión para aquellos que faciliten, promuevan o actúen como intermediarios en la comisión de los delitos de suposición y supresión del estado civil y la identidad de menores, siempre que la conducta no esté tipificada en otro delito con una pena más severa.
En casos en que estos delitos sean cometidos por funcionarios públicos o profesionales en ejercicio de su cargo, la pena se aplicará en el tercio superior de la escala penal y se impondrá una inhabilitación especial perpetua.
IMPUTADO COLABORADOR Y PRESCRICIÓN
Otra modificación importante que propone el proyecto es la inclusión de estos delitos en el artículo 41 ter del Código Penal, lo que los convierte en parte del régimen del imputado colaborador, tal como lo establece la Ley del Arrepentido (27304).
Esta inclusión permite que los imputados que colaboren con la justicia puedan acceder a una reducción de la pena, aplicando la escala de la tentativa.
Además, se modifica el artículo 67 del Código Penal para garantizar que la prescripción de estos delitos se suspenda mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, siendo mayor de edad, decida realizar o ratificar la denuncia.
COMPETENCIA FEDERAL
Finalmente, el proyecto adecua la Ley 27146 para incorporar estos delitos a la competencia material penal federal, asegurando que sean juzgados por tribunales federales, dada la gravedad y la naturaleza de los delitos involucrados.
Durante el debate, los legisladores remarcaron que con estas modificaciones el Senado busca no solo endurecer las penas, sino también brindar un marco legal más robusto para la protección de los menores de edad en Argentina, reforzando el compromiso del Estado con la lucha contra el tráfico y la venta de niños.
Dejan sin efecto el aumento de las dietas
En otro orden, los legisladores de la Cámara alta decidieron por unanimidad dejar sin efecto el aumento de sus dietas.
En concreto, el proyecto de resolución a aprobarse de manera inminente suspende «para las señoras y señores senadores toda la actualización que se realice en el valor del módulo» establecido en la resolución de abril pasado, que fue la que generó el escándalo, «a partir del 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2024».
Por ende, no gozarán del vigente aumento del lunes último a favor de los empleados legislativos de 3,5% para julio y de 3% -acumulativo- para el corriente mes.
Si de números se trata, el sistema de dietas de los senadores pasó a estar conformado desde abril por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. Sobre este último punto, solo cuatro no lo cobran en la actualidad.
Además, los legisladores se agregaron una dieta más a las 12 actuales para compensar el aguinaldo. Esto representa, en la actualidad, más de $7 millones en bruto.