La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, con las firmas de las doctoras Rocío Alcalá y Patricia Beatriz García, revocó un fallo de primera instancia de la jueza Zunilda Niremperger, pero ordenó el dictado de un nuevo pronunciamiento en el marco de un incidente de prescripción penal en la causa iniciada en 2010 por la Fundación Madres de Plaza de Mayo contra Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña y Osmar Quintín Gómez.
En ese sentido, vale señalar que el pasado 30 de abril de este año, los abogados Rocío de Jesús Ramírez y Ricardo Ariel Osuna -defensores del matrimonio Sena- formularon ante Niremperger un «planteo de excepción de falta de acción por extinción de la acción penal por prescripción y violación a la garantía de ser juzgados dentro de un plazo razonable».
Los letrados fundamentaron el pedido indicando que desde que se produjo el hecho investigado hasta el llamado a indagatoria de Sena y Acuña (09/10/2023), ha transcurrido el término de diez años previsto como pena máxima para el delito que les fuera endilgado (Trata de personas con fines de Explotación Laboral mediando engaño, amenazas, abuso y violencia).
El pasado 5 de junio -publica el portal Chaco Día por Día-, la jueza federal resolvió rechazar este planteo de prescripción de la acción penal y, en consecuencia, el pedido de sobreseimiento de Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña, conforme lo peticionado.
EL PROCESAMIENTO
En febrero de este año, Sena y Acuña fueron procesados -junto a Osmar Quintín Gómez- por la jueza Niremperger por presunta trata de personas con el propósito de explotación laboral en el contexto del programa Sueños Compartidos, relacionado con la construcción de viviendas. Junto a esta medida, impuso además un embargo de $31 millones contra ambos.
Precisamente, la causa estuvo ‘parada’ durante casi 13 años, pero fue reactivada por el fiscal Patricio Sabadini tras el asesinato de Cecilia Strzyzowski -un año atrás- con nuevos testimonios.
Ahora, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia resolvió: 1°) hacer lugar al recurso de apelación deducido por los doctores Rocío de Jesús Ramírez y Ricardo Ariel Osuna y, consecuentemente, revocar la resolución de la Jueza Federal de Primera Instancia.
2º) Ordenar el dictado de un nuevo pronunciamiento, con sujeción a las consideraciones que integran la presente resolución, debiendo continuar la suspensión del trámite en las actuaciones FRE13000070/2010/1/CA1 hasta el dictado de este.
El hecho judicial
En 2010, el apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo presentó una denuncia contra el matrimonio que lideraba el MTD 17 de Julio, junto con el dirigente Osmar Quintín Gómez, quien había sido detenido por presunto abuso sexual contra una docente.
Dentro del ámbito de la construcción de viviendas a nivel nacional, el programa Sueños Compartidos se desarrollaba en el terreno del antiguo Campo de Tiro, ubicado en la avenida San Martín al 3500 de Resistencia. Este proyecto surgía de un acuerdo entre el Chaco y la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
En esos momentos, la denuncia original de Sergio Schoklender apuntaba a tres delitos:
1) Sometimiento a servidumbre a los trabajadores que prestaban servicios en el lugar, a quienes bajo extorsión y amenaza le sacaban parte de sus salarios, los sometían a horarios extendidos de trabajo, sin permitirles salir del predio, también debían asistir a las protestas sociales y desobedecer las directivas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, lo que incluyó el cese de actividades.
2) Sustracción y apoderamiento ilegítimo de ropa de trabajo, equipos de seguridad (cascos, barbijos, antiparras etcétera), dinero remitido para gastos de alimentación y materiales de construcción -de aproximadamente 40 viviendas- remitidos por la Fundación.
3) Usurpación del predio del ex Campo de Tiro, cuya tenencia había sido conferida por el Estado provincial a la Fundación para cumplir la finalidad de los convenios.
