Tras la publicación del decreto 780/2024 del Poder Ejecutivo de la Nación, por el que se modificó la reglamentación de la Ley 27275 de Acceso a la Información Pública, diferentes entidades y organismos manifestaron preocupación porque sostienen que los cambios atentan contra el espíritu de la normativa, los principios constitucionales y los pilares democráticos.
Radio Unne dialogó con especialistas en la materia para analizar el caso.
Mara Sesmero, profesora adjunta de la cátedra Derecho a la Información en la Facultad de Humanidades de la Unne, advirtió al aire de la 99.7, que este decreto «es completamente plausible de ser declarado inconstitucional, porque es violatorio de los principios generales que rigen la ley que intenta reglamentar».
Explicó que estos principios, en la letra original de la ley, están vinculados a la transparencia, el mayor acceso y la participación ciudadana: «El decreto cambia totalmente esa lógica», alertó.
Sostuvo también que excede las funciones del Poder Ejecutivo, al inmiscuirse en atribuciones exclusivas del Poder Legislativo, como ser definir el contenido de fondo de una normativa elaborada desde el Congreso.
«La Ley de Acceso a la Información Pública es una herramienta vital para una democracia sana. Si nosotros como ciudadanos no tenemos acceso a los actos de gobierno, si no tenemos acceso a cómo se llegó a dictar una ley o un decreto, si no sabemos qué es lo que va a regir nuestra vida, ¿cómo hacemos para elegir correctamente?», insistió la letrada.
Sesmero señaló que el decreto trae modificaciones también en la forma de ejercer el derecho constitucional, y al que la Argentina como Nación se comprometió a sostener a través de la adhesión a tratados internacionales. «Algo que es novedoso es que establece que puede existir un abuso en el ejercicio del derecho, lo que es un oxímoron respecto al espíritu de la ley», dijo y añadió que es alarmante la nueva exigencia de brindar datos personales y justificar la solicitud de datos de los actos de gobierno.
«Nos lleva a un momento pre-normativo en la Argentina, donde vamos a tener que anteponer medidas cautelares y amparos para acceder a la información. Porque si bien tenemos una ley, tenemos el acceso recortado de todas maneras por un decreto que está vigente y que no podemos pasar por alto si no es por medio de una sentencia judicial que lo ha dado por inconstitucional», indicó la profesora universitaria.
En ese sentido, precisó que la Corte Suprema no puede fallar en abstracto ni actuar de oficio por la debida independencia de poderes. Son los ciudadanos quienes deben demostrar que sufrieron un perjuicio específico y real ante un juez de primera instancia, que también tienen la potestad de declarar la inconstitucionalidad de alguna medida del Estado, como ser este caso un decreto del Poder Ejecutivo.
Sesmero reiteró que esta medida de Javier Milei representa «un ataque profundo a la democracia, porque la información es uno de sus pilares.
La imposibilidad de acceder es una forma de censura indirecta. La censura directa es prohibir o revisar una publicación un material publicable previo a la publicación, pero cuando vos no podes acceder a la información ya te están censurando antes de ejercer el derecho».
«la información nos pertenece»
Radio Unne estableció contacto con Paula Moreno Román, directora de Foro de Periodismo Argentino (Fopea). Esta entidad rechazó los cambios que el gobierno nacional introdujo en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública y advirtió que «implican un grave retroceso democrático, ya que al limitar los datos que pueden ser proporcionados desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública», según alertaron en un comunicado.
En este sentido, Moreno Román advirtió que la gestión libertaria avanzó sobre que estos cambios ponen una mirada discrecional sobre qué es información pública y privada: «Esto es un ataque a la posibilidad de acceder a la información por parte de los ciudadanos y el sentido mismo de la ley, que es que ciudadanos puedan tomar contacto directo con los temas que son de interés público».
«Es clave que no solo como periodistas, sino que como ciudadanos comprendamos que la información pública nos pertenece. No a un gobierno o a una corporación mediática. Esto afecta a la calidad de la información. Una ciudadanía mal informada, o informada a medias, no puede tomar buenas decisiones.
Es una discusión de poder, ¿el poder al servicio de qué? Lo veremos», sostuvo la directora de Fopea en el aire de la 99.7.
También advirtió que, en muchas ocasiones, las investigaciones periodísticas avanzan más que las de la Justicia, llevando a dar a conocer a la sociedad situaciones irregulares con protagonistas estatales y con recursos públicos, haciendo uso de la herramienta de acceso a la información pública: «Siempre podemos tener otra fuente pero el punto es que necesitamos validarlas con información oficial y hacer un contraste, es parte de nuestra metodología de trabajo», indicó la profesional.
En este sentido, Moreno Román añadió que la modificación en la reglamentación de la normativa «es coherente con lo que venimos registrando en este vínculo tan particular que se está estableciendo entre el Gobierno y el periodismo, con una actitud muy hostil. Hay una escalada de violencia, en volumen y formas, que tiene que ver con el accionar de funcionarios de primera línea de la administración nacional, con un discurso estigmatizante hacia los periodistas».
Fopea lleva adelante un registro de ataques a la libertad de expresión y de prensa. De los más de 100 que llevan registrados durante este 2024, cerca del 40% de ellos fueron perpetuados por el presidente, el vicepresidente o un funcionario de la gestión libertaria.
«Aquí la relación de poder es asimétrica. Cuando el Presidente de la Nación insulta y agravia, en redes se replica y la violencia digital se exacerba.
Hay una persecución constante y nos preocupa que eso cruce la barrera y termine en otro plano», añadió la periodista. Esta entidad y más de 60 organizaciones civiles cuestionaron el decreto de Milei que limita el acceso a la información pública.