Germán Kiczka ya no es diputado de Misiones. La Legislatura provincial lo echó por unanimidad el jueves de su cargo. Preso, está acusado de consumir y distribuir material de abuso sexual infantil y declaró por primera vez ante el juez de la causa, Miguel Faría.
«Mala conducta, inhabilidad moral y magnitud y gravedad de sus acciones», fueron los motivos que terminaron anticipadamente con el mandato del legislador de Activar Misiones, un partido fundado por Pedro Puerta, quien no participó de la sesión.
Por la mañana, el legislador declaró por primera vez ante el juez y sostuvo que es consumidor de pornografía y que las fotos y videos de abuso sexual infantil que aparecieron en sus dispositivos electrónicos fueron producto de descargas a través del programa P2P, que no permite una visualización previa del contenido.
Kiczka buscó desvincularse de la notebook que fue secuestrada en el mes de febrero, cuando se realizó el primer allanamiento en el barrio Illia, donde residía su hermano Sebastián junto a su padre, Leonardo. En esa computadora fue donde aparecieron cientos de videos y fotos de menores siendo abusados.
En otro tramo de su declaración, el diputado negó haber estado prófugo. Alegó que abandonó su casa en Apóstoles para evitar el asedio de los medios de comunicación, porque eso le generaba mucha angustia. Y que emprendió una especie de “retiro espiritual” en el camping de Loreto, Corrientes, donde fue localizado seis días después.
Kiczka fue muy cuidadoso con sus dichos, respondió unas pocas preguntas del juez Faría y luego se amparó en su derecho de no contestar.
Pasado el mediodía, fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal de Cerro Azul, que está a unos 50 kilómetros de Apóstoles. En ese lugar permanece aislado en un calabozo. Su hermano Sebastián, acusado del mismo delito, ocupa una celda contigua.
Por otra parte, este jueves el Gobierno de Misiones anunció que hizo efectivo el pago de la recompensa de cinco millones de pesos que había ofrecido por datos certeros sobre el paradero del legislador y su hermano.
El dinero fue para una mujer de Loreto que había ido al camping municipal para recargar su teléfono celular y lo reconoció. En forma inmediata alertó a la Policía del pueblo, que lo detuvo sin que opusiera resistencia.
La investigación sobre los Kiczka comenzó a principios de este año, cuando una organización internacional que lucha contra el abuso sexual de menores reportó una serie de direcciones IP desde donde se había compartido material de abuso sexual infantil. Uno de ellos correspondía a la vivienda de Sebastián Kiczka.
Con el transcurso del tiempo surgieron datos de que el legislador también sería parte de la red de pedófilos y el juez Faría ordenó allanar su vivienda y realizar una pericia in situ sobre su notebook para ver si tenía ese material prohibido.
Apenas los especialistas hallaron las primeras carpetas con las imágenes compartidas a través de la aplicación eMule, se secuestró la computadora para un peritaje más profundo. Esa tarea estaría finalizando en pocos días.
La semana pasada, y por «cuestiones de seguridad», el diputado misionero y su hermano Sebastián fueron trasladados a la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, ubicado a unos 50 kilómetros de la localidad de Apóstoles.
El operativo se realizó durante la noche del domingo, por decisión del juez Miguel Ángel Faría, quien lleva la causa por pedofilia contra ambos hermanos y ante quien el legislador provincial se había negado a declarar hasta este jueves.
“Por decisión del juez Miguel Ángel Faría, alegando razones de seguridad, se ordenó hoy -domingo 1/9/24- trasladar al establecimiento carcelario de Cerro Azul UP VIII para el adecuado resguardo de los dos detenidos en sendas celdas por separado”, señalaron fuentes policiales.
Expulsión de la Cámara
Este jueves, en la sesión de la Cámara de Representantes se votó la expulsión del ahora ex diputado, tras un dictamen de la Comisión Investigadora, creada para analizar el comportamiento del legislador, y lo expulsaron.
El cuerpo que llevó adelante la investigación es presidido por el Frente Renovador de la Concordia y analizó dos pedidos de expulsión contra Kiczka: uno presentado por el oficialismo y otro por la oposición.
Los Renovadores pidieron echarlo “en virtud de los hechos aberrantes que involucran su accionar delictivo”. Por su parte, los opositores se expresaron a favor de la expulsión “en virtud de los graves hechos por los cuales se encuentra imputado y privado de su libertad, y por haber intentado eludir el accionar de la justicia”.