Una funcionaria judicial pidió que la Policía explique los operativos conocidos como Generalato, que se viene desarrollando desde la semana pasada con gran cantidad de personas demoradas.
La defensora general adjunta, Gisela Gauna Wirz, presentó pedidos de informes dirigidos al ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; y al jefe de Policía, Fernando Romero.
Solicitó que brinden detalles respecto del Operativo Generalato, a través del cual se vienen informando sobre un «creciente número de personas identificadas y demoradas por contravenciones».
Puntualmente, pidió la remisión del instrumento respectivo a fin de poder conocer sus objetivos, la determinación clara y precisa de las personas que deban ser identificadas, puestas a disposición de los juzgados de Faltas y momento que se producen estas notificaciones, así como cualquier otra directiva.
CIFRAS
Asimismo, solicitó que se facilite a la Defensoría General las cifras desde que el mencionado operativo fue puesto en marcha con relación a la cantidad de personas identificadas y contraventoras, con mención expresa de la comisaría y fecha a la cual las mismas fueron trasladadas.
Gauna Wirz explicó que el pedido de informes obedece a que se ha constatado, por parte del Ministerio Público de la Defensa, que «se ha omitido en varias oportunidades dar aviso a la autoridad judicial de turno, y a que han sido desestimadas causas contravencionales por no contar con los presupuestos mínimos para que pueda considerarse que existió una contravención, como así también, a que las personas que son ‘identificadas’ responden generalmente al estereotipo de ‘hombre joven, pobre y morocho’ (etiquetamiento social)», publicó el portal judicial Litigio.
«Se destaca que la labor desplegada por la policía en nombre de la seguridad de la población debe ser respetuosa del principio de legalidad, que no es un formalismo inútil, sino que evita que impulsos paranoicos, moralistas u oportunistas sobre la criminalidad, desborden los límites del derecho penal y se conviertan en populismo punitivo, donde no se cuestiona validez moral y jurídica de las medidas con tal de ganar legitimidad política», remarcó la defensora general adjunta.
OTRO CONSIDERANDO
Además, subrayó que es sabido es que a «menor estado social y económico le corresponde más Estado policial y que el dolor institucional se convierte en la continuación del dolor provocado por la pobreza, la violencia y marginación. También, a mayor etiquetamiento de grupos de personas, mayor el pánico y racismo hacia estos grupos».
Destacó en sus considerandos que motivó al pedido de informes que «el control social se puede efectuar a través de socializar e integrar a los jóvenes y no de marginarlos y etiquetarlos».
Y finalizó con una recomendación para los integrantes de la Policía chaqueña: «Sean debidamente capacitados a fin que al momento de llevar adelante sus funciones de detención e investigación no influyan sus prejuicios, estigmas y sesgos cognitivos y respeten en todo momento los derechos humanos de las personas y el estado de derecho en general».