El Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia rechazó el pedido de salidas para realizar actividad física solicitado por la defensa de un agente de la Policía del Chaco, procesado por integrar una asociación ilícita que operaba desde la comisaría Duodécima de Resistencia.
El agente Leandro Gabriel Cocco se encuentra con prisión domiciliaria a la espera del juicio oral que se realizará en los próximos días, publicó el portal Litigio.
A través de su abogado, solicitó autorización al TOF para poder salir de su domicilio a fin de «realizar actividades físicas recreativas por cuestiones de salud».
Se corrió vista de esta solicitud al Ministerio Público Fiscal. El fiscal federal ante el TOF, Federico Carniel, rechazó el pedido en base a una serie de argumentos. Indicó que actualmente subsiste la existencia de riesgos de entorpecimientos para el normal transcurso del trámite judicial, teniendo en cuenta la proximidad del inicio del juicio oral.
Además, recordó que mientras se sustanciaba la investigación de Gendarmería respecto de las actividades de la banda integrada por policías de la Duodécima, Cocco intentó tomar conocimiento de las pesquisas respecto de sus acciones, haciendo valer su calidad de policía, lo que demuestra un peligroso antecedente.
Por último, sostuvo que tanto la defensa no fundamentó la necesidad del permiso, ni la razón de salud, ni de ninguna especie que ameriten valorar el pedido, quien puede efectuar sus rutinas de ejercitación dentro de su domicilio.
Los jueces Fabián Cardozo, Juan Manuel Iglesias y Enrique Bosch se inclinaron por los argumentos del Ministerio Público Fiscal y optaron por rechazar el pedido del policía.
En una resolución señalaron que, dada la complejidad de la causa, la situación procesal de Cocco, que estaría próxima a resolverse en razón de la proximidad del inicio del juicio oral, que se busca evitar todo riesgo procesal y también por la falta de fundamentación en el pedido invocado, «no deviene arbitrario denegar el pedido solicitado».
Además de Cocco también irán a juicio oral el sargento de la Policía del Chaco, Rubén Alberto Molina; el agente Matías Josué Frete; el gendarme Miguel Hugo Paniagua y la presunta dealer Ester De la Cruz Pereña.
Todos con distintos cargos penales: a Cocco, Molina y Frete se les imputan los delitos de Cohecho pasivo» (artículo 256 del Código Penal), encubrimiento agravado (artículo 277 inciso 1° apartado a, c y d, e inciso 3° apartado a, c y d del Código Penal), abuso genérico de autoridad (artículo 248 del Código Penal), asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal), todos ellos en concurso real (artículo 55 del Código Penal).
A su vez concurren idealmente con el delito previsto el artículo 248 del Código Penal, en carácter de coautores.
Al gendarme Paniagua se lo acusa del delito de revelación de secreto oficial (artículo 157 del Código Penal), en tanto que a De la Cruz Pereña se la acusa de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (artículo 5, inciso c de la Ley 23737) en calidad de autora; cohecho activo (artículo 258 del Código Penal) en carácter de autora y como coautora de los delitos de asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal), todo en concurso real (artículo 55 del Código Penal).
