La jueza Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, dictó el procesamiento con prisión preventiva del ex suboficial mayor de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, Gabino Manader, por la privación ilegal de la libertad y la aplicación de tormentos a los sacerdotes Joaquín Núñez y Gianfranco Testa en 1974. El fallo estuvo en línea con la solicitud del titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa jurisdicción, Carlos Amad, quien encuadró el caso como un crimen de lesa humanidad.
De acuerdo a las actuaciones, los párrocos Núñez y Testa eran, en los albores de la década del 70, miembros activos del Movimiento Rural Católico y posteriormente formaron parte de la creación de las Ligas Agrarias, una organización de campesinos y pequeños productores rurales que surgió en la región nordeste de Argentina con fuertes reivindicaciones sociales.
La detención de los sacerdotes se produjo el 14 de abril de 1974. Ambos religiosos, responsables de las parroquias de Quitilipi y Machagai, fueron arrestados por la Policía del Chaco y trasladados a la Alcaidía de Sáenz Peña. Para el fiscal Amad, acompañado por los auxiliares Diego Vigay y Horacio Rodríguez, una vez en la alcaidía recibieron torturas durante varios días por una comisión de la Dirección de Investigaciones de la Policía provincial, compuesta por el jefe Carlos Alcides Thomas, el subjefe Wenceslao Ceniquel, el agente José María Cardozo y el suboficial Manader, quien resultó ser el único con vida de ese grupo.
Según publicó el Ministerio Público Fiscal (MPF), la jueza Niremperger basó el procesamiento con prisión preventiva en una extensa reconstrucción de los hechos, que incluyó los dichos de las víctimas, declaraciones de otros detenidos de la época y testimonios de religiosas y laicas que presenciaron o tuvieron conocimiento de los sucesos. También se apoyó en documentación judicial y médica de aquellos años. La magistrada subrayó que “los relatos de los denunciantes, testigos y la documentación recolectada son coincidentes a los fines de corroborar la hipótesis delictiva”.
Según explicó, esos elementos probatorios permitieron establecer que ambos sacerdotes “fueron privados de su libertad” y que “presentaban lesiones producto de los reiterados golpes padecidos en las dependencias policiales de Sáenz Peña”.
“Advierto sobrados elementos que exponen la participación activa de Gabino Manader como parte del grupo de tareas que operaba en la Dirección de Investigaciones donde se desplegaba realizando operativos en diversas localidades del territorio provincial”, expresó la jueza, y precisó que los testimonios daban cuenta de que los agresores fueron “cuatro o cinco personas de civil, que a su vez eran personal de la Brigada de Investigaciones”.
La acusación subsumió los hechos dentro de los delitos de lesa humanidad, que no prescriben con el paso del tiempo. Con la posterior validación de la jueza, vinculó las aprehensiones y las torturas con la ligazón de los religiosos al movimiento de las Ligas Agrarias.