El reclamo de la Justicia chaqueña para que la Nación cumpla con la obligación de las partidas presupuestarias previstas en la Ley 26052 para la persecución del narcomenudeo tuvo su correlato con el proyecto presentado por los diputados Juan Manuel Pedrini, Aldo Leiva, Gerardo Cipolini, Juan Carlos Polini y María Luisa Chomiak, junto a otros legisladores, en el que exhortan al Poder Ejecutivo nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial de la Nación a cumplir esta obligación.
En 2015, el Chaco adhirió a la ley que desfederalizó la persecución del narcomenudeo y asumió la competencia. Sin embargo, luego de nueve años y con la creación del Fuero de Narcotráfico incluida, nunca recibió las transferencias previstas.
La iniciativa elevada a la Cámara de Diputados de la Nación surge luego de la reunión que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco mantuvo a fines de agosto con senadores y diputados en la que analizaron la posibilidad de incluir en el presupuesto del año próximo el financiamiento de la persecución del microtráfico que el Poder Judicial del Chaco asumió en 2015 y que se prevé requerirá más de $3 mil millones en 2025.
El proyecto destaca que entre las erogaciones que generan mayores erogaciones «se encuentran las adquisiciones de insumos específicos por parte del Instituto Médico de Ciencias Forenses (Imcif) y del Gabinete Científico, como ser insumos para Laboratorio de toxicología forense, drogas y reactivos, entre otros, incluyéndose también la adquisición de un software forense (Celebrite Inseyet) en $31.5 millones (2024)».
Mientras que para 2025 están proyectadas «partidas presupuestadas para hacer frente a la creación y puesta en funcionamiento, en Sáenz Peña, de un Juzgado de Garantías, una Defensoría Oficial Antidrogas y dos fiscalías de Investigación Antidrogas, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 2305-N».
«La investigación y la persecución de los delitos de narcomenudeo requieren cada vez mayores erogaciones, fundamentalmente por el crecimiento del flagelo y su complejidad. Para el fortalecimiento de aquellas actividades resulta menester hacer efectivas las transferencias de recursos por parte de las dependencias nacionales respectivas», explica la iniciativa.
Hasta el momento el Poder Judicial debió hacerse cargo siempre de los costos que implicó la desfederalización, pese a que el artículo 5 de la Ley 26052 estableció «un sistema de transferencias proporcionales, a las jurisdicciones (provinciales o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que adhieran, y que así lo requieran de los créditos presupuestarios de la administración pública nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la ejecución de la presente ley».
problema
en aumento
La desfederalización de la persecución del narcomenudeo fue implementada como una forma de descongestionar el sistema judicial federal y permitir que las provincias asuman un papel más activo en la lucha contra el tráfico de drogas a pequeña escala.
Sin embargo, sin los recursos necesarios, esta política ha generado una carga financiera y operativa para provincias como Chaco, que se ven obligadas a enfrentar este delito con recursos limitados.
La lucha contra el narcomenudeo implica no solo la investigación y persecución judicial, sino también la provisión de infraestructura y recursos humanos especializados.
La provincia ha invertido en la creación de estructuras judiciales y de investigación, pero sin los fondos nacionales previstos, este esfuerzo es insostenible a largo plazo.
Un llamado
a la acción
El reclamo del Poder Judicial chaqueño, respaldado por legisladores de distintos partidos, busca que el Congreso nacional tome cartas en el asunto y garantice que los recursos necesarios para la lucha contra el narcotráfico lleguen a la provincia. La iniciativa también plantea la necesidad de que el gobierno nacional incluya estos fondos en el presupuesto del próximo año.
«Es importante que la ciudadanía sepa que este no es un problema nuevo, sino que venimos reclamando desde hace años que se cumpla con la ley. No podemos enfrentar solos un problema tan grave como el narcomenudeo sin el apoyo financiero que la ley establece», enfatizó uno de los diputados involucrados.
La lucha contra el narcomenudeo en el Chaco se encuentra en una encrucijada. A pesar de los avances en la creación de estructuras judiciales y de investigación, la falta de recursos financieros por parte de la Nación pone en riesgo la continuidad de esta política.
Con una proyección de más de $3 mil millones necesarios para 2025, el Poder Judicial del Chaco y los legisladores provinciales exigen que se cumpla con la Ley 26052 y que se transfieran los fondos necesarios para continuar con la lucha contra el microtráfico de drogas.
Asimismo, el Congreso nacional tendrá la responsabilidad de evaluar este reclamo y decidir si incluirá los fondos en el próximo presupuesto. Mientras tanto, la provincia sigue esperando que la Nación cumpla con su parte para garantizar la seguridad y justicia en su territorio.
También con senadores
Además en las últimas horas, el presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco (STJ), Víctor Del Río, mantuvo reuniones con los senadores del bloque radical Eduardo Vischi (presidente) y Víctor Zimmerman, gestor del encuentro, por el presupuesto para el funcionamiento del fuero de narcomenudeo de la Justicia provincial que, en 2025, se estima superará los $3 mil millones.
De esta forma se involucró además a la Cámara alta en esta demanda que ya fue trasladada los diputados nacionales.
Asimismo, Zimmermann destacó «el gran trabajo en materia de lucha contra el narcomenudeo que se realiza en el Chaco, por lo que es mayor el desafío de incluir una partida especial en el presupuesto 2025 que nos permita afrontar los desafíos que este flagelo nos impone».