Mañana, la Cámara de Diputados se reunirá en una sesión especial para debatir el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, una medida tomada por el presidente Javier Milei tras la masiva movilización universitaria en contra del ajuste educativo.
La sesión comenzará a las 11 a pedido de legisladores de distintos partidos, entre ellos Germán Martínez de Unión por la Patria, Rodrigo de Loredo de la UCR, y Miguel Ángel Pichetto de Encuentro Federal.
La ley, que buscaba actualizar los fondos destinados a las universidades nacionales de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue vetada por el Ejecutivo mediante el decreto 879/2024.
Según el oficialismo, la norma «no cuenta con previsión presupuestaria» y «representaría un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000», argumentando que el costo es insostenible dentro de las metas económicas del Gobierno.
El veto presidencial ha generado un amplio rechazo en sectores de la oposición, que buscarán revertirlo en el Congreso.
Asimismo, Pablo Blanco, senador radical, afirmó que «la mayoría de los espacios políticos, salvo los libertarios y una parte del PRO, están a favor de la ley». Vaticinó un rechazo contundente al veto, lo que obligaría al Gobierno a implementar la norma.
En caso de que el Congreso revoque el veto, el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que el Gobierno apelará la decisión ante la Justicia. Además, señaló que la ley, según el oficialismo, «no tiene una contrapartida de financiamiento», y afirmó que su aplicación debería discutirse dentro del marco del Presupuesto 2024.
un grito contra el ajuste
La decisión de vetar la ley se tomó apenas horas después de la Segunda Marcha Federal Universitaria, en la que miles de estudiantes, docentes y no docentes se movilizaron en todo el país en rechazo al desfinanciamiento de la educación pública.
La secretaria general de Adiunne, Marina Stein, expresó que el veto «ahoga aún más» a las universidades nacionales, que ya enfrentan serias dificultades para sostener su funcionamiento y salarios en medio de la creciente inflación.
Según Stein, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios ha sido dramática: «En 9 meses, hemos perdido entre 3 y 4 sueldos», denunció.
Se destaca que la marcha, que tuvo una fuerte participación en Resistencia y Corrientes, dejó en claro el malestar del sector universitario frente a las políticas del Gobierno.
El vicerrector de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), José Basterra, también se sumó a las críticas, asegurando que el presupuesto de las universidades «disminuyó a pesar de que la cantidad de estudiantes creció», desmintiendo las acusaciones del gobierno sobre supuestos «estudiantes inventados» para obtener más fondos.
La sesión en el Congreso promete ser tensa, ya que la postura del PRO será clave para el desenlace. Mientras el oficialismo busca blindar el veto, los números en la Cámara de Diputados sugieren una posible derrota para Milei, lo que abriría un nuevo capítulo de conflicto entre el Ejecutivo y el sistema universitario.
Preocupación universitaria
El veto presidencial generó una gran preocupación en la comunidad universitaria, que denuncia el fuerte impacto de la inflación y la falta de actualización presupuestaria.
La ley vetada preveía una actualización bimestral de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, ajustados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), y una mejora en los salarios de los trabajadores universitarios, que han sufrido una pérdida significativa de poder adquisitivo.
Por otro lado, Stein dimensionó: «La masa de los trabajadores y trabajadoras de las universidades perdimos entre tres y cuatro sueldos en nueve meses», destacando cómo la inflación acumulada ha erosionado los salarios de los docentes.
Además, explicó que, debido a la diferencia entre la inflación y los aumentos salariales otorgados unilateralmente por el Gobierno, los trabajadores universitarios han visto una pérdida de entre el 34,15% y el 51,45% en su poder adquisitivo desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2024. «El congelamiento de la garantía, impuesto por el gobierno de Milei, produjo la inmediata caída de los salarios de diferentes categorías por debajo de la línea de pobreza», afirmó.
El desfinanciamiento de las universidades también ha afectado el funcionamiento general de estas instituciones, limitando su capacidad para cubrir gastos operativos esenciales. Stein señaló que la prórroga del presupuesto universitario de 2023, sin ajustes por la inflación, ha ahogado económicamente a las universidades, impidiéndoles mantener sus actividades educativas y de investigación.
Durante la marcha, Stein y otros representantes gremiales coincidieron en que la ley vetada era clave para aliviar la asfixia presupuestaria de las universidades, garantizando una actualización salarial mensual acorde a la inflación y permitiendo a las universidades continuar con su labor sin comprometer su calidad. «El veto de la Ley de Financiamiento Universitario es un golpe a la educación pública y al futuro de miles de estudiantes y docentes que dependen de estas instituciones», aseguró la dirigente gremial.
En otro punto, José Basterra, vicerrector de la Unne, también se sumó a las críticas, refutando las declaraciones del secretario de Educación de la Nación, Alejandro Torrendell, quien había acusado a las universidades de «inventar» estudiantes para obtener mayores recursos.
«El presupuesto no depende de la cantidad de estudiantes», afirmó, explicando que, a pesar de haber aumentado la matrícula estudiantil, el presupuesto asignado a la Universidad del Sol ha disminuido.
Basterra destacó que el presupuesto universitario se actualiza según el último presupuesto consolidado, tomando en cuenta componentes como salarios docentes y nodocentes, gastos de funcionamiento e inversiones en ciencia y tecnología. «Es tergiversar información», sentenció Basterra, y subrayó la importancia de que la sociedad comprenda la verdad sobre el manejo del presupuesto en las universidades públicas.
El vicerrector adhirió al comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), titulado «5 mentiras y 5 verdades sobre las universidades públicas», en el cual se desmiente categóricamente la afirmación de que las universidades inventen estudiantes para recibir más fondos. «Las universidades públicas no mienten sobre la cantidad de alumnos», subrayó Basterra.
La Segunda Marcha Federal Universitaria fue una manifestación pacífica que recorrió las principales ciudades del país, con la participación de miles de personas que portaban carteles en defensa de la educación pública y banderas argentinas. En la región Nordeste, las columnas de manifestantes unieron el Chaco y Corrientes en una muestra de unidad y resistencia contra las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional.
En ese contexto, Gustavo Mali, un docente universitario que participó de la marcha, expresó: «La educación pública está en peligro. Si no se revierte el desfinanciamiento, las universidades van a tener que recortar programas, becas, y esto va a afectar directamente a los estudiantes que dependen de estos servicios».
«Si no logramos revertir esta situación, las universidades públicas corren el riesgo de quedar en una situación de desfinanciamiento crónico que afectará no solo a los docentes y trabajadores, sino a toda la sociedad», concluyó Stein.