Mario Rodolfo Díaz, subsecretario de Transporte de la provincia, calificó de demagógica la determinación del Juez del Juzgado Civil y Comercial 21, Julián Flores, quien ordenó retrotraer el precio del pasaje del colectivo de $1.150 a $710.
La disputa se centra en la medida cautelar presentada por el defensor del pueblo, Bernardo Voloj, quien sostiene que la audiencia pública celebrada el 23 de septiembre pasado no cumplió con los requisitos legales necesarios.
Según Voloj, durante esta audiencia no se proporcionó información esencial, como el porcentaje de subsidios estatales, y la documentación entregada fue, en parte, ilegible.
Díaz, sin embargo, defiende la legalidad del proceso, afirmando que «se hicieron todos los pasos como corresponde, como dictamina la ley».
En diálogo con LA VOZ DEL CHACO, el subsecretario expresó su descontento con la intervención del juez cuestionando: «¿Por qué un juez lo está haciendo de nuevo?», en referencia a los procedimientos ya establecidos por su Secretaría.
En este sentido, Díaz también resaltó la complejidad del proceso tarifario, el cual, según él, «nos llevó dos meses y medio porque hay que realizar audiencias, invitar a la gente y poner a consideración la tarifa técnica», dijo.
En su opinión, la reducción del precio del boleto a $710 es insostenible para los empresarios del transporte. «Un precio de $710 es insostenible para los empresarios del transporte», insistió, haciendo eco de las preocupaciones planteadas por la Cámara Empresaria del Transporte del Chaco (Cetach) y la Unión Tranviarios Automotor (UT).
En este sentido, explicó que «ya hay planteamientos de la Cetach y de la UTA» que advierten sobre la imposibilidad de operar con el precio anterior, sugiriendo que las tarifas deben reflejar los costos reales del servicio.
Asimismo, Díaz también señaló que la situación en Buenos Aires tiene repercusiones directas en la provincia. «Estamos desfasados con respecto a Buenos Aires en los valores de los sueldos de los empleados de la UTA», alertó, sugiriendo que los aumentos salariales en la capital podrían generar demandas similares en el Chaco.
«Los trabajadores de la UTA aquí pedirán igual trabajo, igual remuneración, y eso genera un desajuste que no podemos permitir», subrayó, evidenciando su preocupación por la sostenibilidad financiera del sistema de transporte provincial.
En cuanto a las implicaciones económicas de la decisión judicial, Díaz advirtió que la reducción del precio del boleto tendría consecuencias devastadoras para el sistema de transporte. «¿Qué pretende? ¿Insuflemos $2 mil millones, $3 mil millones por mes? ¿Y de dónde sale ese dinero?», cuestionó retóricamente, planteando la posibilidad de que el Gobierno tuviera que desviar recursos de áreas críticas, como salud y educación, para sostener el sistema de transporte.
«Ya estamos insuflando $1.000 millones por mes, y no podemos comprometer más recursos sin afectar otros servicios esenciales», explicó.
En otra parte del diálogo también defendió los programas de transporte destinados a sectores vulnerables, asegurando que «el boleto estudiantil demanda $370 millones por mes».
En este sentido, reiteró el compromiso del gobierno provincial de garantizar el acceso al transporte para estudiantes y docentes, pero advirtió que estos beneficios no pueden comprometer la sostenibilidad del sistema en su conjunto. «Hay que considerar todas las variables. No se puede pedir un boleto a $710 y esperar que el sistema funcione sin más», insistió.
Por otra parte, Díaz manifestó además su intención de participar activamente, de la próxima audiencia convocada por el magistrado para el 30 próximo la que se perfila como un momento decisivo en este debate no solo para exponer su posición, sino también para presentar objeciones y observaciones al proceso que culminó con el reciente aumento tarifario.
«Vamos a estar, porque consideramos que es importante hacer escuchar la voz del gobierno provincial en este debate», afirmó y fue claro en su postura: «El equilibrio entre estos factores es esencial para garantizar un servicio de transporte público accesible y sostenible».
