Finalmente, el valor del boleto de colectivos en el Gran Resistencia volvió a ser de $710, en cumplimiento de la orden del Juzgado Civil y Comercial 21, como resultado del recurso de amparo presentado por la Defensoría del Pueblo.
La medida se efectivizó días atrás con la carga a la Sube, proceso que demoró cera de una semana. No obstante, los pasajeros ya se encuentran abonando pasajes sin el último aumento.
Sin embargo, la situación generó diversas reacciones entre funcionarios, empresarios y concejales locales, quienes expresaron tanto su preocupación por las implicancias económicas como su desacuerdo con el fallo de Julián Flores, y que tendrán oportunidad de manifestar en la audiencia entre las partes el próximo 30.
Esta instancia se presenta como una oportunidad crucial para conciliar los intereses de las empresas, el Estado y los usuarios, explorando soluciones que aseguren el acceso económico al transporte sin afectar la calidad del servicio.
La acción de amparo, presentada en el expediente 11264/2024-1-C y caratulada como Defensoría del Pueblo c/ provincia del Chaco; Secretaría de Transporte y Servicios s/ acción de amparo, tiene como propósito central anular la audiencia pública del 23 y 25 de septiembre, y declarar inconstitucional la resolució 1508/24 que avaló el aumento del pasaje sin cumplir con los principios de transparencia y participación ciudadana, como también en el gradualidad del incremento.
Cuestionamientos
El subsecretario de Transporte, Rodolfo Díaz, destacó que desde el Gobierno se acató la medida judicial, aunque dejó en claro su disconformidad. «Consideramos esta medida una decisión demagógica, que no tiene en cuenta todos los estudios que se hicieron en las audiencias públicas realizadas en tiempo y forma», declaró Díaz.
«La decisión del defensor del pueblo, que estuvo presente en las audiencias y no planteó objeciones en su momento, ahora parece estar parcializada y responde más a intereses políticos que a razones técnicas», aseveró.
Además, explicó las complicaciones que esta retracción del precio del boleto genera en la planificación y el financiamiento del sistema de transporte. «Cumplimos con lo que nos ordena la Justicia, pero es una situación irregular. En este ir y venir de precios, los usuarios están confundidos y los conductores son los que terminan recibiendo las preguntas y quejas», indicó.
«Nosotros también tenemos compromisos asumidos, como el acuerdo con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que implica incrementos salariales. Con esta medida, la ecuación financiera se vuelve insostenible», dijo Díaz.
Por su parte, Facundo Sartore, titular de la empresa Transporte San Fernando SRL, expresó sus preocupaciones desde el lado empresarial. «Este ida y vuelta en los valores del boleto afecta directamente la estabilidad de las empresas y hace difícil la planificación», sostuvo.
«Estamos frente a un panorama incierto. El retroceso en el precio complica no solo los ingresos diarios, sino también la previsibilidad que necesitamos para proyectar gastos y manejar los costos del servicio. Ya se acerca fin de año, y con ello, la obligación del pago del aguinaldo, una carga que se hace cada vez más difícil de cumplir», dijo Sartore, quien enfatizó que los costos reales de operar el transporte están lejos de ser cubiertos por la tarifa de $710.
Sartore también explicó que el sistema depende de aportes provinciales, que, aunque constantes, no son suficientes para compensar la diferencia de costos. «La tarifa técnica calculada es de $1.770, un valor que cubre los costos operativos y salariales de forma ajustada. Con la ayuda del Gobierno, se había establecido una tarifa de $1.150, la cual ya representaba un esfuerzo financiero para nosotros. Este retroceso a $710 es, simplemente, insostenible».
Los concejales de Resistencia, Analía Verón y Ramón Romero, se unieron al debate al expresar su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en el servicio y en los usuarios. «El esfuerzo del Gobierno de Zdero es monumental, y lo hace sin apoyo nacional, que ha cortado el Fondo Compensador del Transporte», destacó Verón.
«Sin embargo, esta medida judicial podría traer conflictos a los usuarios que ya estaban acostumbrados a una tarifa ajustada, pero viable, de $1.150», aseveró.
Romero, por su parte, cuestionó la intervención del ombudsman y recordó el contexto en el que se tomaron decisiones tarifarias en gestiones anteriores: «Durante la gestión anterior, el boleto estaba desactualizado debido a decisiones sin criterio técnico ni audiencias públicas, lo que generó problemas de fondo que hoy se están pagando».
Además, indicó que, gracias al programa Chaco Subsidia, la provincia aporta cerca de $1.000 millones mensuales al transporte, incluyendo un importante subsidio para el Boleto Estudiantil Gratuito y el Boleto Docente.
«Estas iniciativas benefician a miles de usuarios y estudiantes, y permiten que el sistema siga en funcionamiento. Mantener una tarifa de $710 sin un aumento en el aporte es inviable», subrayó.
Díaz, Sartore y los concejales coinciden en que esta medida crea un entorno incierto que afecta negativamente tanto a los usuarios como a los trabajadores del sector.
«Al final del día, siempre terminan perjudicados los mismos de siempre: los usuarios. Mientras no haya una solución a esta disputa judicial, el servicio no va a poder mejorar y la calidad del transporte se verá afectada», concluyó Díaz.