El gobierno provincial expulsó de las filas de la Policía del Chaco a tres uniformados que se desempeñaban en la comisaría Duodécima de Resistencia. Fue tras la condena por parte del Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia, en la cual se los encontró penalmente responsables de formar parte de una organización criminal dedicada a proteger narcotraficantes de la zona del barrio Santa Catalina de Resistencia, amedrentar gendarmes, asesorar delincuentes y fraguar operativos de drogas, entre otros delitos.
Mediante el decreto 2159/24, se le aplicó la sanción expulsiva de destitución de empleo con calificación de cesantía a los oficiales auxiliares, Matías Frete y Gabriel Leandro Cocco y al sargento Rubén Molina. Todos fueron encontrados culpables en la faz administrativa por haber cometido faltas «graves» y «gravísimas» establecidas en el Reglamento del Régimen Disciplinario de la Policía del Chaco.
Si bien se firmó el 13 de noviembre, un mes después de la condena de la Justicia Federal, el decreto no menciona detalle alguno de la sentencia.
De hecho, la omite, según publicó el portal judicial Litigio. La descripción del sumario administrativo menciona el proceso judicial, pero solamente hasta la etapa de elevación a juicio. El olvido es cuanto menos llamativo.
DETALLES DE LA INVESTIGACIóN
«Como resultado de la investigación pudo conocerse que el agente Rubén Alberto Molina, alias Chino, mantendría vinculación directa con algunos dealers, ubicados en el barrio Santa Catalina de esta ciudad y zonas aledañas, una de ellas sería Ester de la Cruz Pereña, quien se dedicaría a la venta de estupefacientes en su domicilio particular y tendría contacto telefónico con Molina, a quien en diversas oportunidades le habría facilitado bochitas de estupefacientes a cambio de protección», se lee en el decreto.
«Este grupo contaría con otros miembros, tales como el agente Leandro Gabriel Cocco, quien participaría en las actividades ilícitas mediante aprietes y manipulación de estupefaciente; y el agente Matías Josué Frete, quien mantendría constante comunicación con Molina, surgiendo que ambos habrían planeado suplantar cocaína secuestrada en la seccional Duodécima con una sustancia similar como yeso, presumiblemente a los fines de su comercialización», añade.
El decreto recuerda que, respecto de la causa administrativa, se procedió a la notificación de audiencias a los fines de prestar declaración de imputado. Sin embargo, los policías ejercieron su derecho de no declarar.
«Los hechos constatados en autos constituyen graves faltas disciplinarias, cuyas conductas fueron sancionadas con arreglo a las normas del Derecho Administrativo Disciplinario por violación a los deberes de funcionarios públicos en pos del buen orden de la Administración Pública que ejerce sus facultades disciplinarias en resguardo de su actividad», indica el instrumento firmado por el gobernador Leandro Zdero; el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; y la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño.
Distintas condenas a los agentes
El 4 de octubre pasado, los jueces Juan Manuel Iglesias (presidente), Fabián Cardozo y Enrique Boch, dieron a conocer la parte resolutiva de la condena contra el sargento Molina; los agentes Frete y Cocco; el gendarme Miguel Hugo Paniagua, y la dealer, Ester De la Cruz Pereña.
Los policías llegaron a juicio imputados por los delitos de cohecho pasivo, encubrimiento agravado, abuso genérico de autoridad y asociación ilícita, en concurso real, en carácter de coautores.
Molina negoció una pena de tres años de prisión e inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos públicos. Frete, en tanto, acordó una pena de dos años y cuatro de inhabilitación. Frete logró un acuerdo más favorable que su colega, ya que la fiscalía le retiró la imputación de «asociación ilícita».
Por su parte, el gendarme Paniagua, acusado del delito de revelación de secreto oficial, acordó un año de prisión y dos de inhabilitación.
En el acuerdo, De la Cruz Pereña fue la única que recibió una pena de prisión efectiva, aunque de cumplimiento domiciliario: cuatro años. Llegó a juicio acusada de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, cohecho activo y asociación ilícita.
La mujer solicitó autorización para salidas laborales dos veces por semana, argumentando la difícil situación económica que atraviesa. El Tribunal, integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias (presidente), Fabián Cardozo y Enrique Boch, evaluará su pedido.
El único que no aceptó el acuerdo de juicio abreviado fue el agente Cocco. Su imputación es la misma que la del resto de los policías: cohecho pasivo, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y asociación ilícita. Es por eso que el juicio continuó solamente con él como único imputado.
Luego de tres audiencias, finalmente el tribunal lo declaró culpable imponiéndole una pena de tres años y seis meses de prisión, e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.