«Esto es un ataque directo a nuestros derechos», expresó Mía Colussi, secretaria de la Comisión de Género, Diversidades, Familias, Niños, Niñas y Adolescentes de la Legislatura provincial y referente de la comunidad trans, en respuesta a los anuncios del Presidente de la Nación sobre la derogación del decreto 476/2021, que desde 2021 habilita la inclusión de la X como marcador no binario en los documentos nacionales de identidad (DNI).
El presidente Javier Milei anunció que buscará eliminar la posibilidad de que las personas no binarias puedan optar por la «X» en sus documentos oficiales. Según declaraciones oficiales, la medida responde a la «baja cantidad de trámites realizados», bajo este marco argumentó que «no justifica su continuidad».
En paralelo, se ratificó una nueva normativa que prohíbe el traslado de presos por cuestiones de género, tras casos polémicos como el de un líder de la banda Los Monos, quien habría utilizado la ley para solicitar un cambio de penal.
una lucha
de años
En diálogo con radio Natagalá, Colussi calificó la decisión como un retroceso en derechos humanos: «Los constantes ataques hacia nuestra población nos ponen en alerta y nos obligan a trabajar aún más para defender lo logrado.
Este decreto fue un avance significativo para reconocer la identidad de quienes no se perciben ni hombres ni mujeres.
Que hoy se hable de derogarlo nos llena de incertidumbre y preocupación».
Impacto en la identidad
Aunque el Gobierno asegura que la Ley de Identidad de Género (26743) sancionada en 2012 no se verá afectada, Colussi subrayó que la derogación del decreto tendrá consecuencias directas en las personas no binarias.
«La ley sigue vigente, pero eliminar la opción de la X en los DNI es negar el derecho de muchas personas a ser reconocidas como se perciben. Esto no solo afecta a quienes ya obtuvieron sus documentos, sino que pone en riesgo el respeto y la legitimidad de nuestras identidades», explicó.
Además, recordó que la Ley de Identidad de Género permitió avances fundamentales: «Desde 2012, muchas personas pudimos acceder a un DNI acorde a nuestra identidad.
Si esto sigue, lo próximo podría ser un ataque directo a la ley misma, lo que sería catastrófico para nuestra comunidad».
¿Un decreto justificado?
El argumento del Gobierno de que solo 1.693 personas solicitaron el DNI no binario fue criticado por Colussi y otras organizaciones: «Las cifras no justifican un retroceso en derechos humanos. Cada persona que accedió al DNI con la X dio un paso gigante hacia la igualdad. No se trata de números, se trata de vidas y dignidad».
«Otro punto de conflicto es el anuncio de que se prohibirán los cambios de penal por cuestiones de género, una decisión vinculada a casos como el del líder de Los Monos.
Asimismo, Colussi manifestó su rechazo hacia la generalización y estigmatización que esto representa: «Siempre van a existir personas que abusen de las leyes, como ocurre en cualquier ámbito. Pero no por eso podemos derogarlas. La Justicia debe garantizar que no se utilicen estos derechos de manera inapropiada, en lugar de atacarnos a todos como colectivo».
Además, agregó: «Lo que buscamos es que el Presidente y las autoridades entiendan que nuestras luchas tienen historia. No se puede borrar con un decreto años de avances y derechos conquistados».
el cupo laboral trans
Durante la entrevista, Colussi también se refirió a otro tema que preocupa al colectivo trans: el posible retroceso en el cupo laboral trans, una medida que generó inclusión en ámbitos públicos y privados.
«Lo que estamos viendo es un ataque sistemático hacia las diversidades. No sorprende que ahora quieran quitar el cupo laboral, que fue una herramienta clave para la inclusión. Esto afecta directamente a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad», expresó.
En el Chaco, entre 15 y 20 personas accedieron al cupo laboral trans, aunque señaló que varias de ellas ya fueron dadas de baja en instituciones nacionales como en la Anses y Pami desde el inicio del nuevo gobierno.
«En los estamentos provinciales todavía se respeta el cupo, pero estamos en alerta constante. No queremos retroceder más», afirmó.
Expectativa
de vida
Colussi también habló sobre la dura realidad que enfrenta la comunidad trans: una expectativa de vida promedio de solo 35 años, debido a la exclusión, la violencia y la falta de oportunidades.
«Muchas personas trans terminan en trabajos sexuales porque no tienen otra salida. Estas leyes buscaban revertir eso, darles educación, salud y empleo. Si las eliminan, volvemos al punto de partida», aseguró.
¿Qué se puede esperar?
Ante las perspectivas ante estos anuncios, Colussi fue contundente: «El Gobierno puede derogarlo todo si lo decide.
Pero lo que necesitamos es diálogo, trabajo conjunto y empatía. Si desde el Estado se nos ataca verbalmente, ¿qué podemos esperar? Esto solo alimenta el odio y la violencia».
Un panorama incierto
Las medidas anunciadas por el gobierno nacional reflejan un cambio de rumbo en las políticas de género, lo que genera preocupación en sectores vulnerables que lucharon durante años por el reconocimiento de sus derechos.
Mientras las organizaciones trabajan para resistir estos embates, el futuro de la comunidad no binaria y trans en la Argentina se encuentra en una encrucijada, marcada por la lucha constante y la esperanza de un diálogo que permita sostener lo conquistado.
Sobre el decreto y su alcance
El 21 de julio de 2021 se sancionó el decreto 476/2021 que incorporó la posibilidad de optar por la nomenclatura « en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el Pasaporte Argentino para reconocer identidades de género por fuera del binomio masculino/femenino.
Hasta 2023 se contabilizaron 1.044 las personas que cambiaron su documentación, según datos de la Dirección Nacional de Población del Registro Nacional de las Personas (Renaper), dependiente del Ministerio del Interior de la Nación.
El número representa el 6,9% del total de trámites de rectificación registral en el marco de la Ley 26.743 de Identidad de Género. Entre las personas que eligieron el género no binario, el 10,25% lo hizo antes de alcanzar la mayoría de edad, siendo 27 años el promedio de edad en la rectificación.
Además, del total de la población que realizó cambios de género en su DNI, el 48,43% se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). De ese porcentaje, el 52,11% corresponde a identidades no binarias.
Al considerar la cantidad de personas que realizaron cambios en su DNI desde la sanción del Decreto 476/2021, los datos revelan que, durante 2021 se realizaron 224 cambios, lo que representa el 9,4% del total de trámites ejecutados; mientras que en 2022 se llevaron adelante 637 trámites, equivalente al 19,3% del total de trámites.
Además, este año ya se hicieron 183 cambios, lo que significa el 23,3% del total de trámites realizados.
Más derechos
El decreto 476/2021 amplió los derechos reconocidos por la Ley 26.743 de Identidad de Género, interpretando sus alcances más allá del binarismo y convirtiendo a la Argentina en el primer país de la región en reconocer y ampliar estos derechos.
El uso de la X comprende las acepciones no binario, indeterminado, no especificado, indefinido, no informado, autopercibido, no consignado, y otras identificaciones que no estén incluidas en el esquema tradicional.
El Censo 2022 arrojó que en la Argentina viven 46.044.703 personas, de quienes un 0,02% -aproximadamente 9 mil personas- respondió «ninguna de las anteriores» en la pregunta referida al sexo asignado al nacer (mujer/femenino y varón/masculino).
El artículo 10 del decreto otorga la responsabilidad al MMGyD de dictar capacitaciones para las autoridades y personal de todos los organismos que integran la administración pública nacional con competencia en la materia.
De esta manera, se impulsa su aplicación en condiciones de respeto a la identidad y expresión de género de las personas y en contextos libres de discriminación por motivos de género.
En ese marco, la Dirección de Protección de Derechos de la Diversidad Sexual y de Géneros, en conjunto con la Dirección Nacional de Formación y Capacitación en Género y Diversidad, capacitó a más de 160 máximas autoridades de distintos organismos del Estado nacional y a más de 600 trabajadoras y trabajadores de organismos nacionales, provinciales y municipales.