Laudelina Peña, tía de Loan, el niño desaparecido hace casi seis meses en la localidad correntina de 9 de Julio, apeló el procesamiento por la presunta sustracción y ocultamiento de su sobrino.
Así lo confirmó este martes su abogada, Mónica Chirivin, quien sostuvo que la jueza Cristina Pozzer Penzo aceptó su pedido.
De esta manera, la tía del menor es la segunda de los siete detenidos que recurre el fallo de la magistrada luego de que el abogado de Antonio Benítez, Ricardo Osuna, tomó la misma determinación.
Pozzer Penzo dictó el procesamiento con prisión preventiva de Benítez, su esposa, Laudelina Peña, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el marino Carlos Pérez, el ex comisario Walter Maciel, Mónica Millapi y Daniel «Fierrito» Ramírez, todos ellos imputados por la desaparición de Loan.
De acuerdo al escrito al que accedió este medio, seis de los siete acusados seguirán en la cárcel por «encontrarlos prima facie coautores materiales penalmente responsable de la sustracción de menor de 10 años y amenazas en concurso real en relación a Caillava y Maciel».
Mientras que al ex comisario de 9 de Julio fue hallado «autor material penalmente responsable del delito de presunta sustracción, ocultamiento de menor de 10 años en concurso ideal con encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y su calidad de funcionario público, en carácter de partícipe necesario del primero (delito) y autor del segundo ilícito, e inhabilitación especial».
Por su parte, el Juzgado Federal de Goya solicitó que se investiguen dos pasos fronterizos en la provincia de Misiones por irregularidades y se trata de los caminos de San Antonio y Andresito.
Conforme a lo informado, durante un tiempo hubo anomalías en los controles a vehículos y personas en dichos caminos, por lo que la magistrada pidió que se requisen las cámaras de seguridad.
Las imágenes solicitadas son de los días posteriores al 13 de junio, fecha en la que desapareció el menor de 5 años en el paraje Algarrobal de 9 de Julio.
Sin embargo, según se pudo saber, no hay registros apropiados para poder detectar irregularidades debido a que las cámaras de los pasos fronterizos no se quedan guardados por mucho tiempo, lo que dificulta la investigación.