Inspirado en el régimen impuesto por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, instauró este miércoles un régimen de trabajo obligatorio para los presos del Servicio Penitenciario Federal, que no incluirá ninguna compensación económica.
La medida quedó oficializada en la Resolución 1346/2024 publicada en el Boletín Oficial, firmada por Bullrich, donde se establece que todos los internos del Servicio Penitenciario Federal deberán participar de las tareas de mantenimiento, limpieza y aseo de los espacios dentro de los establecimientos penitenciarios, tanto en áreas comunes como en las privadas. La resolución especifica que estas actividades se realizarán durante cinco horas diarias, sin ningún tipo de remuneración.
Además, se instruye al Servicio Penitenciario Federal para que elabore los planes y cronogramas específicos de las tareas a realizar y se encargue de supervisar su cumplimiento.
La medida afecta a unos 12.000 internos en los 31 establecimientos penitenciarios del país, sin distinción entre presos comunes, de alta peligrosidad o aquellos acusados de delitos de lesa humanidad. Tampoco hace distinción entre aquellos con condena firme, procesados o bajo prisión preventiva.
Los internos que se nieguen a realizar las tareas serán sancionados y se les podrían restringir ciertos beneficios, como el acceso a trabajos remunerados o cambios de celda.
Esta disposición amplía el programa «Manos a la Obra», iniciado por el Servicio Penitenciario Federal, cuyo objetivo es que todos los reclusos realicen tareas dentro de las cárceles. En octubre, Bullrich presentó la iniciativa en la cárcel de Ezeiza, destacando la importancia de la medida en el proceso de transformación y reestructuración del sistema penitenciario, y en la relación de los internos con la sociedad.
Por su parte, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, explicó que la decisión busca reducir el tiempo de ocio de los detenidos y cambiar la dinámica interna de los penales. «Hay que erradicar la cultura tumbera», afirmó Curi.
El funcionario también precisó que las actividades de limpieza y mantenimiento no se consideran trabajo en el sentido tradicional, pero deben ser realizadas por los internos como parte de su proceso de reinserción social. Aquellos que se nieguen a colaborar recibirán sanciones que les impedirán acceder a beneficios por buen comportamiento, como el derecho a trabajar remuneradamente o la posibilidad de cambiarse de celda. Curi aclaró que esta medida no está vinculada con los derechos de visita.
Los internos deberán participar en el cuidado y el orden de los espacios donde están detenidos, incluyendo celdas, pabellones, patios, canchas de fútbol, lugares comunes, y áreas de visita, como parte del tratamiento penitenciario orientado a inculcar hábitos que favorezcan su reinserción social.