La jueza Emilia María Valle juró como presidenta del Superior Tribunal de Justicia del Chaco durante 2025, rol que ejercerá por tercera vez luego de que lo hiciera en 2019 y 2022. Además, en virtud del acuerdo extraordinario 40/24, el orden de subrogancias para el año que viene será: Néstor Enrique Varela, Alberto Mario Modi, Iride Isabel María Grillo y Víctor del Río.
En tanto que las salas quedaron integradas de la siguiente manera: Sala Primera en lo Civil, Comercial y Laboral: (Varela -presidente- y Modi) y Sala Segunda en lo Criminal y Correccional: (Del Río -presidente- y Grillo).
Mientras que para los casos en que el Superior Tribunal actúe en causas originarias el orden será: Valle, Varela, Modi, Grillo y Del Río.
En el acto, realizado en el auditorio del STJ, estuvieron presentes también sus pares: Varela, Modi, Grillo y Del Río; el gobernador Leandro Zdero; la presidenta de la Legislatura, Carmen Delgado; la vicegobernadora Silvana Schneider; el procurador general Jorge Canteros; la defensora general Alicia Alcalá.
También asistieron: el presidente del STJ de Corrientes, Luis Eduardo Rey Vázquez, sus pares Eduardo Panseri, Fernando Niz y Guillermo Semhan; el presidente del STJ de Formosa, Guillermo Alucín, y su par Claudia Fernández; los ministros de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Jorge Fernando Gómez; Seguridad, Hugo Matkovich; de Haciendas y Finanzas, Alejandro Abraam; legisladoras provinciales: Dorys Arkwrigth, Andrea Canteros Reyser, Andrea Charole y Maida With; secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez; rectores de la UNNE, Gerardo Larroza, y de la UNCAUS, Germán Oestmann; arzobispo monseñor Ramón Dus; secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño; decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCP, Aníbal Gronda; fiscal de Estado, Alejandro Herlein; intendente de Villa Ángela, Adalberto Papp; presidenta y jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia: Roció Alcalá y Patricia García; presidente del Tribunal Oral Federal, Enrique Bosch, magistrados y funcionarios de la justicia provincial y federal, jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero; presidenta y vocales del Tribunal de Cuentas: Elda Pértile, Beatriz Bogado, Oscar Cáceres y Juan José fuentes Castillo; asesora general de Gobierno, Alejandra Ferreyra; procurador adjunto Hugo Fonteina; consejeros del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, autoridades religiosas, integrantes de la Mesa Interreligiosa, presidentes de Secheep, Hilario Bistoletti, y de Sameep, Roberto Diez; jefe de la Base Aérea Militar de Resistencia, Gabriel Acosta Manrique; en representación del comando de la Tercera Brigada de Monte, Walter Zapata Gaviola y Rita Riquelme; jefe de la Prefectura de Barranqueras, Fernando Borghi; segundo jefe de la Agrupación 18 Chaco de Gendarmería Nacional, Nelson Irala; jefe de la Policía Federal de Resistencia, Laura Giménez; jefa del Servicio Penitenciario Provincial, Gilda Maidana; administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula; coordinadora del Poder Judicial con los pueblos indígenas, Elizabet González; autoridades del Tribunal Electoral de la Provincia, fiscal de Investigaciones Administrativas, Gustavo Leguizamón; presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco, Fabiana Bardiani; presidenta de la Entidad de Funcionarios y Magistrados de la Justicia de Paz y Faltas, María Elena Pace; presidente de consejo y colegios de abogados de la provincia: Elisa Fernández Aselle y José Galassi por Resistencia; Cecilia Arroyo por Villa Ángela; representantes de entidades gremiales; jefa del Registro Civil, Marcela González; presidente del NBCH, Germán Dahlgren, invitados especiales y público en general.
Asumir compromisos y ser responsables
Durante su discurso, Valle enfatizó: «en estos tiempos, más que nunca, es nuestro deber dar las respuestas que la ciudadanía chaqueña espera y merece» y bregó para que «no nos detengan las dificultades». «Las mejores planificaciones, programas, desarrollos, metas no dejan de ser abstracciones grandilocuentes si no hay personas dispuestas a asumir compromisos y hacerse responsables», agregó.
Más adelante recordó: «la percepción de la ciudadanía que es posible recurrir al Poder Judicial a fin de reclamar el cumplimiento de las promesas enunciadas en forma de objetivos en el Preámbulo de la Constitución constituye el primer paso en el afianzamiento de la confianza pública en las instituciones».
En ese sentido señaló: «la justicia no es un destino, sino un camino que construimos juntos» y que exige «compromiso, vocación perseverancia y, sobre todo, voluntad de construir la paz social».
Valle destacó a 2024 como «un año histórico» porque coincidieron el 30 aniversario de la reforma constitucional, de la creación de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) y 40 años de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
«Una Presidencia que no es más que la continuidad, la profundización y la actualización de proyectos e ideas que se han venido llevando adelante» en la que cada presidenta o presidente «comunica, socializa, representa y ejecuta las decisiones del conjunto aunque desde el estilo de conducción que le es propio», afirmó y enfatizó que en su caso la postula desde «el diálogo, el consenso, la escucha atenta, la disponibilidad, la autocrítica y la aceptación de la crítica constructiva».
También bregó por «el diálogo serio y responsable con los otros poderes del Estado» sin que esto implique invadir el ámbito que le es propio a cada uno. «Sin un Poder Judicial independiente no hay República, no hay Constitución, ni derechos individuales ni límite alguno al ejercicio del poder, lo que en modo alguno impide y es necesaria, la existencia de lazos de coordinación y cooperación entre los poderes del estado para el desarrollo de políticas públicas», remarcó.
En tanto que destacó el diálogo «fecundo y el trabajo articulado» con las y los trabajadores judiciales, colegios y consejo de la abogacía, otras instituciones profesionales, universidades y organizaciones sociales.
Además, valoró «la austeridad con que se maneja el Poder Judicial», algo que se refleja en que su presupuesto para 2025 solo representa 5.85% del total provincial y destacó que implicó un incremento del uno por ciento respecto del año anterior.
Por otro lado reconoció la «ardua y comprometida labor del capital humano que integra este Poder del Estado, organismos jurisdiccionales, no jurisdiccionales, oficinas de apoyo, salas del STJ, Superintendencia, los Ministerios Públicos de la defensa y la acusación».