En el departamento Libertador General San Martín, una experiencia innovadora en economía solidaria está marcando un antes y un después en la vida de pequeños productores y sectores históricamente postergados.
Se trata de los fondos rotatorios, una herramienta de autofinanciamiento comunitario que impulsa el desarrollo local y fortalece las organizaciones rurales.
Desde 2008, estas comunidades han implementado este modelo como respuesta a la falta de acceso al crédito formal, demostrando que la autogestión y la economía solidaria son poderosas herramientas para el progreso colectivo.
Los fondos rotatorios han permitido a estas organizaciones alcanzar logros tangibles, como la construcción de sedes propias, la adquisición de herramientas de trabajo y la mejora de las condiciones de vida de sus asociados.
EL ORIGEN DE UNA SOLUCIÓN EFECTIVA
Ante las dificultades históricas de los pequeños productores para acceder a créditos formales, las organizaciones locales decidieron crear sus propios fondos rotatorios.
Esta iniciativa, surgida desde las bases, generó un sistema de crédito accesible que no solo cubre necesidades productivas, sino también personales, como reparaciones de viviendas o emergencias de salud.
Actualmente, son ocho las organizaciones que administran estos fondos, con una particularidad sobresaliente: el 90% de ellos son gestionados por mujeres, quienes han demostrado un compromiso y eficiencia excepcionales.
Con el acompañamiento del Inta y el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), esta estrategia se ha consolidado como un modelo de éxito, fortaleciendo a las organizaciones como actores clave en el desarrollo regional y promoviendo valores solidarios que mejoran la calidad de vida de las familias rurales.
FUNCIONAMIENTO DE LOS FONDOS ROTATORIOS
Los fondos rotatorios se conforman con aportes propios de los asociados y, en algunos casos, con devoluciones de subsidios recibidos. Los créditos se otorgan con bajos intereses (entre el 2% y el 5% mensual) y plazos adaptados a las posibilidades de los beneficiarios.
Cada organización establece reglas claras para garantizar el cumplimiento, como la obligatoriedad de asistir a reuniones y presentar garantes.
Aunque inicialmente estos fondos se destinaron exclusivamente a actividades productivas, con el tiempo se ampliaron para cubrir otras necesidades, como reparaciones de viviendas, emergencias de salud y educación familiar, reforzando así su impacto social.