La titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó con prisión preventiva a once oficiales y suboficiales del Ejército, la Policía del Chaco, la Alcaidía y la Unidad Penitenciaria Federal N°7 de Resistencia (ex cárcel Federal U7), por privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados en perjuicio de 23 víctimas, ocurridos en la provincia de Chaco durante la última dictadura cívico-militar. Además, trabó embargos sobre sus bienes por sumas de entre diez y noventa millones de pesos.
La decisión, dictada el 30 de noviembre pasado, se da luego de las indagatorias vertidas en el marco de la quinta investigación judicial, denominada «Caballero IV», donde se reconstruyen y juzgan crímenes de lesa humanidad perpetrados por fuerzas de seguridad entre 1974 y 1977 en el ámbito de la Brigada de Investigaciones -que funcionó como principal centro clandestino de la provincia-, la Alcaidía Policial y en la ex cárcel federal.
En representación del Ministerio Público Fiscal interviene la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, integrada por el fiscal general Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y los fiscales ad-hoc Diego Vigay y Horacio Rodríguez.
PROCESAMIENTOS Y EMBARGOS
La decisión de la jueza Niremperger alcanza a los extenientes coronel Aldo Martínez Segón y Tadeo Betolli y al exteniente primero Alberto Patteta, -que pertenecían al Ejército Argentino-; al excomisario general José Francisco Rodríguez Valiente, al exsuboficial mayor Gabino Manader, al exsuboficial principal Jorge Ángel Ibarra, al exsargento José Marín y al exagente Emilio Zárate, quienes integraban la Dirección de Investigaciones de la Policía de Chaco, junto al agente Ignacio López del área de Comunicaciones de esa fuerza de seguridad. También procesó al oficial de la Alcaidía policial Juan Ramón Rodríguez Valiente y al exalcalde y jefe de guardia de la Unidad Penitenciaria Federal N°7 de Resistencia Pablo Cesar Casco.
Además, ordenó la detención y prisión preventiva bajo arresto domiciliario de Juan Ramón Rodríguez Valiente, Ignacio López y Emilio Zárate, quienes se suman a los restantes procesados que se encuentran detenidos y cumplen condenas por otros hechos similares.
Por otra parte, respecto del agente de la Alcaidía policial Humberto Ramón Maidana dictó su sobreseimiento parcial respecto de los tormentos y la privación ilegal de la libertad en perjuicio de Armando Atilio Benítez, y decretó su falta de mérito, y la de Ignacio López, con relación a los tormentos padecidos por Ramón Arcángel Hanriquez -en el primer caso- y por Ana Chara, Gladis Beatriz González y Elena Andrea González -en el caso de López-.
Niremperger también declaró la extinción de la acción penal por fallecimiento en favor del excomandante de la Gendarmería Carlos José Sartori y de los cabos de la policial Félix Omar Balbuena y Martín Aguilar. Cabe recordar que, en el proceso, se apartó por incapacidad sobreviniente al suboficial de la Alcaldía Policial Miguel Vitorello, mientras que el agente de la Dirección de Investigaciones Luciano Cáceres, se encuentra sometido a consideración de la Junta Médica.
Finalmente, la magistrada embargó los bienes de Martínez Segón, José Francisco Rodríguez Valiente y Manader hasta cubrir las sumas de treinta, cincuenta y noventa millones de pesos, respectivamente. Asimismo, trabó embargos por veinte millones de pesos para Marín y Juan Ramón Rodríguez Valiente, y de diez millones de pesos para Ibarra, Patetta, Bettolli, Casco, López y Zárate.
Las víctimas
En la causa «Caballero IV» se investigan los tormentos -psíquicos y físicos- agravados por la condición de detenidos políticos, las privaciones ilegítimas de la libertad y la violación de domicilio en perjuicio de 24 víctimas, entre ellas, un bebé de ocho meses detenido junto a su madre, estudiantes secundarios y universitarios, docentes y profesionales, quienes tenían militancia social en escuelas, facultades, parroquias y barrios, en las Ligas Agrarias o en agrupaciones políticas como la Juventud Peronista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el peronismo de base.
Las víctimas fueron secuestradas en operativos desplegados conjuntamente entre el Ejército y la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco. Luego eran trasladadas al centro clandestino que funcionaba en el ámbito de la Brigada de Investigaciones, para después ser llevadas a la Alcaidía policial o la cárcel federal U7.