Los principales referentes del sector agropecuario argentino se reunieron en la sede de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) para analizar la delicada situación que atraviesa el campo.
Andrea Sarnari, de la Federación Agraria Argentina (FAA), Lucas Magnano, de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Carlos Castagnani Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina (SRA) encabezaron el encuentro en el que se definió solicitar una audiencia con el Ministro de Economía y el Secretario de Agricultura.
UN SECTOR EN CRISIS
Durante el encuentro, los dirigentes afirmaron que el campo enfrenta un panorama crítico debido a una combinación de factores que incluyen condiciones climáticas adversas, precios internacionales en baja y costos de producción en alza.
Subrayaron que esta realidad pone en riesgo la continuidad de miles de productores agropecuarios que generan desarrollo económico y arraigo en las provincias argentinas.
En ese sentido, los representantes de la Comisión de Enlace coincidieron en la necesidad de obtener un alivio fiscal inmediato, con medidas como la reducción de impuestos y la eliminación de los derechos de exportación, que actualmente representan una carga significativa para los productores.
CLIMA Y COSTOS,
UN COMBO LETAL
Los representantes del campo remarcaron que la sequía prolongada, las altas temperaturas y la falta de lluvias han golpeado duramente a las principales regiones productivas del país.
A ello, sumaron la depresión de los precios internacionales, que limita la rentabilidad de las exportaciones, y los altos costos internos, que afectan tanto a pequeños como grandes productores.
En este contexto, reafirmaron su voluntad de diálogo con el gobierno para implementar soluciones urgentes que permitan al sector superar esta crisis.
Inseguridad, una preocupación creciente
Durante el encuentro, los dirigentes manifestaron su creciente preocupación por el aumento de la inseguridad en las zonas rurales, una situación que ha comenzado a afectar gravemente a los productores y sus familias.
Este fenómeno ha sido una constante en los últimos tiempos, con un incremento notable de hechos delictivos en áreas alejadas de los centros urbanos, donde la presencia de las fuerzas de seguridad es limitada.
Subrayaron que la inseguridad no solo afecta el bienestar de las personas, sino que también pone en riesgo la estabilidad económica de las regiones rurales.
Los agricultores, ganaderos y demás trabajadores del campo dependen de sus propiedades y cultivos para su sustento, y la constante amenaza de los delitos genera un clima de incertidumbre que afecta la productividad y el desarrollo de las actividades.
Además, las familias rurales se ven obligadas a adoptar medidas de seguridad costosas, a veces ineficaces, y de sumo riesgo, lo que agrava aún más la situación.
En este contexto, se destacó la urgencia de implementar medidas inmediatas que garanticen la protección de quienes viven y trabajan en el campo. Los dirigentes coincidieron en la necesidad de reforzar la presencia policial y de seguridad en las zonas rurales, así como en la implementación de tecnologías de monitoreo y comunicación que permitan una respuesta rápida ante situaciones de emergencia.
Asimismo, se planteó la importancia de trabajar en conjunto con las autoridades locales y nacionales para crear políticas de seguridad más eficaces, que brinden tranquilidad a los habitantes del campo y aseguren la continuidad de las actividades productivas.
En función de ello, se planteó la necesidad de implementar medidas inmediatas para garantizar la protección de quienes viven y trabajan en el campo.