La reciente jubilación del juez Juan Carlos Maqueda, a finales de 2024, dejó a la Corte Suprema reducida a tres magistrados.
A partir de hoy, al reanudarse el trabajo cotidiano, este vacío representa una presión adicional, pues el tribunal operaba tradicionalmente con más miembros, lo que facilitaba la toma de decisiones.
Ahora, los tres jueces restantes se encuentran en un escenario donde las diferencias internas podrían hacerse más evidentes y poner en riesgo la continuidad y eficacia de la Justicia en el país.
OPCIONES ANTE LA FALTA DE CONSENSO
Uno de los principales retos que la Corte deberá enfrentar en este nuevo ciclo es la histórica falta de consenso entre los jueces Rosatti y Lorenzetti.
En diversas ocasiones, las posiciones contrapuestas de ambos han generado conflictos que dificultan la unidad dentro del tribunal.
Si no se logran los tres votos necesarios, existen dos alternativas para resolver las causas: esperar la incorporación de nuevos jueces o convocar a conjueces, quienes serán sorteados para completar el tribunal en situaciones excepcionales.
Además de las diferencias en los fallos judiciales, las tensiones podrían intensificar la gestión administrativa de la Corte.
Rosatti y Rosenkrantz han impulsado reformas que Lorenzetti ha cuestionado enérgicamente, especialmente en lo relativo a la organización interna y el uso del presupuesto judicial. Estas disputas internas también incluyen la creación de un reglamento para los conjueces, con el objetivo de evitar la dispersión de la jurisprudencia, pero que también ha generado fricciones entre los magistrados.
EL DESAFÍO DE LA FUNCIONALIDAD
A pesar de las divisiones, la Corte ha logrado implementar mecanismos para seguir funcionando, como la creación de un reglamento que permite que dos jueces firmen ciertos documentos administrativos sin necesidad de unanimidad.
A medida que avanza el nuevo ciclo, será fundamental que el tribunal logre conciliar sus diferencias y priorice la resolución de las causas más urgentes, incluso si esto implica la participación de conjueces en casos puntuales.
Uno de los primeros desafíos externos que enfrentará la Corte será la resistencia por parte de la Justicia nacional ordinaria al fallo Levinas, que establece que todos los casos de esta jurisdicción deben ser revisados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Este conflicto de competencias podría generar una resistencia significativa en las cámaras de la justicia nacional, lo que pondría a prueba la capacidad de la Corte para imponer su autoridad.
Reformas controvertidas
En el ámbito administrativo, las reformas impulsadas por Rosatti y Rosenkrantz en áreas como la obra social judicial y la designación de funcionarios han generado disidencias por parte de Lorenzetti.
El juez oriundo de Rafaela ha criticado duramente estas medidas, asegurando que comprometen el futuro de la Corte al imponer restricciones sobre los jueces que integrarán el tribunal en el futuro.
Este clima de desconfianza también se ha manifestado en gestos públicos.
Lorenzetti no participó en la ceremonia de homenaje a Maqueda, un acto encabezado por Rosatti y Rosenkrantz.
Pronta integración con nuevos magistrados
En los primeros días del nuevo ciclo judicial, la Corte deberá reorganizar las causas pendientes de resolución. Cada juez deberá revisar los casos asignados a su vocalía y determinar cuáles pueden ser firmados, cuáles deben esperar o cuáles requieren la intervención de conjueces. Esta reestructuración será crucial para evitar una parálisis en la justicia.
Desde el Gobierno, se observa con preocupación el actual panorama de la Corte. Se considera que el tribunal está «roto» y necesita una pronta integración con nuevos jueces.
La idea es reducir las tensiones internas y restablecer un clima de trabajo más eficiente, lo que se considera fundamental para mejorar la funcionalidad del tribunal.
El caso de Ariel Lijo y el proceso legislativo
El presidente Javier Milei ha propuesto dos nuevos nombres para integrar la Corte: Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
Sin embargo, la situación política en el Congreso podría dificultar la confirmación de estos pliegos, especialmente debido a la falta de consenso entre los diferentes sectores políticos.
El pliego de Ariel Lijo, uno de los candidatos propuestos por el Gobierno, cuenta con el respaldo de nueve firmas y podría ser tratado en el Senado en el marco de las sesiones extraordinarias de febrero.
No obstante, sectores de la oposición podrían oponerse a su designación, lo que genera incertidumbre sobre la posibilidad de su confirmación.
Por otro lado, la situación de Manuel García-Mansilla es más compleja, ya que no ha reunido las firmas necesarias para que su pliego sea tratado en el Senado.
En este contexto, el Gobierno podría optar por una designación por decreto, lo que abriría la puerta a una negociación política con el kirchnerismo para resolver este impasse.
Asimismo, el Gobierno ha considerado la posibilidad de un acuerdo político con la oposición para la designación de los nuevos jueces.
Sin embargo, este acercamiento no ha sido bien recibido por todos los sectores del oficialismo, y las negociaciones parecen estancadas a falta de una postura clara de Cristina Kirchner, quien tiene el poder de influir en la decisión de los senadores.