El Gobierno declaró nula la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná, al tiempo que acusó a la única empresa oferente de de haber actuado de manera ilegal y anunció una serie de presentaciones ante sede judicial y administrativa para que se investigue el proceso.
«La única oferta presentada fue la de DEME, que se ocupó de teñir el proceso con denuncias de faltas de transparencia, demandas ante la Justicia y otras acciones, de las que desistieron pocos días antes» de la presentación de ofertas, afirmó este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, vocero presidencial, acerca de la compañía belga.
En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni destacó que la Hidrovía es «una de las reservas hídricas más importantes del mundo» y la principal vía de exportación del país, utilizada para transportar el 80% de los bienes exportados por Argentina. En este contexto, remarcó la necesidad de contar con «un operador capacitado bajo los más altos estándares internacionales y el mejor precio».
Asimismo, el vocero presidencia sostuvo que, desde el inicio del proceso, el Ejecutivo se comprometió a realizar una licitación «transparente y competitiva», y recordó que se estableció como condición la cancelación del llamado si solo se presentaba un oferente.
En esa línea, señaló que durante el procedimiento hubo «presiones» de sectores políticos, empresariales y mediáticos para modificar los requisitos técnicos del pliego y acusaciones contra el Gobierno por presunto direccionamiento a favor de Jan de Nul, actual concesionaria de la Hidrovía, que finalmente no presentó oferta.
En tanto, el Gobierno respondió las impugnaciones de los potenciales oferentes y sostuvo que la justicia validó en tres instancias la legalidad del proceso licitatorio.
Sin embargo, Adorni remarcó que la única oferta recibida fue la de DEME, empresa que había presentado denuncias previas sobre supuesta falta de transparencia y desistió antes de presentarse como único competidor.
Pese a la inscripción de 11 empresas en el proceso y la existencia de consultas formales e informales sobre la participación de más compañías, ninguna otra presentó oferta.
Ante esto, el Gobierno ordenó una investigación para determinar si DEME ejerció presiones sobre otros competidores o si hubo una posible asociación ilícita en perjuicio del Estado y los productores argentinos. El vocero aseguró que la investigación buscará «aclarar los acontecimientos ocurridos en el marco de esta licitación» y establecer responsabilidades penales en caso de intento de fraude.