La reciente resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) desató una fuerte controversia a nivel nacional debido a la reintroducción de términos considerados discriminatorios para establecer criterios de acceso a las pensiones no contributivas por invalidez laboral.
La medida generó el repudio de diversas organizaciones y funcionarios, entre ellos, Ana María Mitoire, presidenta del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (Iprodich), quien manifestó su total desacuerdo con el lenguaje empleado en el documento.
«No estamos de acuerdo con el lenguaje», afirmó Mitoire en declaraciones a Radio Facundo Quiroga. «Son términos retrógrados que corresponden a un modelo perimido, que no reconoce a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho en igualdad de condiciones que el resto», aseveró.
Un retroceso
La polémica se centra en el uso de expresiones como «imbécil», «idiota», «retraso mental» y «débil mental», las cuales habían sido eliminadas del lenguaje administrativo por considerarse ofensivas y estigmatizantes.
Según explicó Mitoire, estos términos van en contra de los avances logrados en el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad y contravienen incluso lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación.
«Es un error que desde el Consejo Federal de Discapacidad estamos señalando a Andis. Esperamos que nos den una respuesta positiva y que se retrotraigan en esta denominación», sostuvo la funcionaria.
Diferencia entre pensiones y CUD
Uno de los puntos que generó confusión en la opinión pública es la relación entre las pensiones no contributivas y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Al respecto, Mitoire aclaró que ambos procesos son independientes:
«La resolución de las pensiones por discapacidad no tiene que ver con el CUD, que es otro trámite.
Una persona con CUD no necesariamente tiene una pensión, y una persona sin CUD puede acceder a la pensión si cumple con los criterios de invalidez laboral».
Falta de diálogo con las provincias
Según denunció Mitoire, la medida fue tomada sin consulta previa con los organismos provinciales ni con el Consejo Federal de Discapacidad:
«Es muy difícil hacer un análisis de la política nacional. Lamentablemente, no es un área que hoy esté teniendo mucha comunicación con las provincias. No entendemos por qué se toman estas decisiones sin consultar».
Asimismo, afirmó que desde Iprodich y otras entidades provinciales se están realizando gestiones para revertir la medida, junto con organizaciones de la sociedad civil que también han expresado su repudio.
La reacción de las asociaciones
Distintas organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad también rechazaron la resolución. Según Mitoire, si bien las asociaciones todavía no han tomado una postura unificada, «sabemos que muchas están en total desacuerdo y seguramente se pronunciarán públicamente en los próximos días».
Por otro lado, la funcionaria destacó que estas organizaciones juegan un papel clave en la concientización social y el avance en políticas inclusivas.
«Las asociaciones de familias y personas con discapacidad son mucho más reactivas ante estos temas. Sabemos que vamos a contar con su acompañamiento en esta lucha», afirmó.
Un pedido de revisión urgente
Desde el Consejo Federal de Discapacidad, así como desde distintos organismos provinciales, se elevó un pedido formal para que la Andis revise la resolución y elimine los términos cuestionados.
Hasta el momento, no hubo respuestas oficiales por parte del organismo nacional.
Mitoire reafirmó el compromiso del Iprodich con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y aseguró que continuará trabajando para que el Estado garantice políticas inclusivas y respetuosas.
«Seguiremos insistiendo hasta que la resolución sea modificada. No podemos permitir que se retroceda en derechos conquistados», concluyó.