Los imputados solicitaban la suspensión de la acción penal (por lavado de activos) en virtud de la Ley de Blanqueo (27743) y el régimen de moratoria impositiva al que se adhirió Tito López y su familia, argumentando que cumplían con los requisitos legales para acceder a los beneficios previstos.
Además, alegaron la inexistencia de delitos tipificados en el Código Penal que justificaran la acción penal en su contra.
El juez Ricardo Mianovich había rechazado en diciembre pasado, la solicitud de suspensión de la acción penal, argumentando que el beneficio de la Ley de Blanqueo solo aplica a casos de acciones penales tributarias, aduaneras y de recursos de la seguridad social, excluyendo otros delitos como el lavado de activos. Además, destacó que las normas sobre suspensión de la acción penal deben interpretarse de manera restrictiva.
Finalmente en un fallo dictado el jueves 27 de febrero, y al que accedió NG Federal, la Cámara Federal de Apelaciones decidió no hacer lugar al recurso de apelación presentado por la defensa y confirmó la resolución dictada por el juez de primera instancia en todos los aspectos que fueron motivo de agravio.
Esto significa que se mantuvo el rechazo a la suspensión de la acción penal solicitada por los imputados.
Tras analizar los planteos de la defensa y lo que inicialmente había resuelto Mianovich, la Cámara Federal de Apelaciones resolvió, por mayoría, no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa y confirmó la resolución del juez de primera instancia en todos los aspectos que fueron motivo de agravio.
