En medio de una de las temporadas estivales más inclementes de los últimos años, los aumentos en las tarifas de luz golpean duramente los bolsillos de los usuarios residenciales y comerciales generando una crisis energética sin precedentes.
La Defensoría del Pueblo, encabezada por Bernardo Voloj, recurrió a la Justicia con una presentación formal para evitar cortes de suministro a los sectores más vulnerables y garantizar condiciones de pago accesibles.
«Nosotros esto lo venimos solicitando de forma reiterada. Son muchos los reclamos que hemos hecho. Lamentablemente, no hubo eco de parte de las autoridades, más allá de alguna medida aislada y pequeña», señaló Voloj en una entrevista de Radio Facundo Quiroga.
Según el defensor, la situación se agravó debido a la falta de una política progresiva y racional en la actualización de tarifas, lo que ha generado facturas que superan los $300 mil en algunas localidades.
En los 70 municipios chaqueños se registraron casos de familias que deben afrontar facturas de hasta $300 mil, un costo «totalmente desproporcionado» respecto a los ingresos de los usuarios.
El aumento de las tarifas no ha sido progresivo ni equitativo. «No tuvo en cuenta la capacidad de ingreso de los usuarios», explicó Voloj.
La Defensoría solicitó ante la justicia que se suspendan los cortes de suministro por al menos 60 días para las categorías de usuarios N2 y N3, quienes han sido los más afectados. Además, exigen que no se retiren medidores, ya que reinstalarlos supone un costo adicional para los usuarios.
La problemática se ve agravada por la intensa ola de calor que afecta a la región. «Es la cuarta ola de calor del verano, con temperaturas superiores a los 40 °C. Dejar sin acceso a la energía eléctrica en este escenario es privar a las personas de un derecho humano básico y esencial», destacó el defensor.
Crónica de un colapso anunciado
La problemática se agravó por la reducción de subsidios nacionales. «Antes, los usuarios de ingresos bajos (N2) tenían la factura subsidiada en su totalidad; ahora solo reciben ayuda por 350 kilovatios. En los de ingresos medios (N3), el subsidio cubre apenas 200 kilovatios, lo cual es insuficiente», explicó el defensor.
A lo que se suma la eliminación de un subsidio provincial que cubría hasta 600 kilovatios durante los meses de verano, lo que había funcionado como un alivio para los chaqueños. «El gobierno provincial no lo reclamó, y eso también impactó fuertemente en la economía de los hogares», aseguró.
Otro punto crítico es el aumento del valor del kilovatio, que sube progresivamente según el consumo. «El costo de la energía mayorista, el transporte y las audiencias públicas que habilitaron aumentos han generado un combo terrible para los usuarios. Quienes antes pagaban $50 mil, hoy reciben facturas de hasta $300 mil», agregó Voloj.
Para la Defensoría, la solución radica en implementar medidas urgentes de protección y pago. «La gente quiere pagar su factura, no quiere ser deudora ni engancharse. Pero no llega, no puede, no tiene opciones. La tarjeta está reventada y los préstamos no alcanzan», advirtió.
La situación económica de los usuarios hace imposible afrontar estos costos. En muchos casos, familias con consumos mínimos, como un ventilador y una heladera, reciben boletas de hasta $150 mil, una cifra impensada para la mayoría de los hogares.
Según el defensor, la situación podría empeorar, ya que en los próximos meses los usuarios estarán abonando los consumos de verano, lo que podría derivar en un mayor endeudamiento.
Medidas judiciales y próximos pasos
Ante la falta de respuesta del gobierno provincial, el organismo decidió acudir a la justicia con una medida autosatisfactiva, un recurso legal que busca una resolución rápida sin necesidad de abrir un proceso judicial prolongado. «Esperamos que la justicia falle a favor de los usuarios y frene esta situación insostenible», afirmó el defensor.
«Nosotros acudimos a la justicia como última instancia. No queremos judicializar, pero ante la ausencia de respuestas tomamos esta decisión», explicó Voloj, quien se mostró optimista respecto a una resolución favorable.
Por otro lado, la Defensoría también denunció la falta de garantías para los electrodependientes. «Antes existía una cobertura total, pero una resolución reciente limitó la ayuda solo a casos de extrema necesidad, dejando afuera a insulino-dependientes y otros pacientes», lamentó Voloj. «Esto es un retroceso inaceptable», denunció.
El ombudsman subrayó la importancia de mejorar la gestión pública para evitar este tipo de crisis en el futuro. «La energía es un derecho básico. No se trata solo de números, sino de calidad de vida. Esperamos que el gobierno provincial tome cartas en el asunto antes de que la situación sea aún más grave», concluyó.
Finalmente, anunció la presentación de un amparo y una cautelar contra el Sistema de Estacionamiento Medido (Sidem) en Resistencia, reclamando la falta de una audiencia pública previa a su implementación. «Este sistema debe regularse con participación ciudadana», afirmó.
La crisis energética en Chaco continúa y, con la llegada de nuevas facturas, el conflicto podría intensificarse si no se toman medidas urgentes.