El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) llevó ante la ONU y la CIDH la represión ejercida por el Ministerio de Seguridad en la marcha de los jubilados. La jueza Karina Andrade señaló graves arbitrariedades en las detenciones.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la represión ejercida por el Ministerio de Seguridad durante la marcha de jubilados en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde el organismo, alertaron sobre el uso de una narrativa que justifica la violencia estatal. «El gobierno resucita la narrativa del -golpe de Estado- para justificar una represión feroz y una escalada de violencia», señaló Diego Morales, director de Litigio del CELS. Además, se recordó que la ONU y la CIDH ya habían solicitado a la administración de Javier Milei garantizar el derecho a la protesta.
La represión dejó decenas de detenidos y heridos, entre ellos trabajadores de prensa, jubilados e integrantes de organizaciones sociales. Uno de los casos más graves es el del fotógrafo Pablo Grillo, quien debió ser intervenido quirúrgicamente tras el ataque policial. Bullrich intentó desacreditarlo señalando que era militante y empleado municipal, afirmaciones que fueron desmentidas por el intendente de Lanús, Julián Álvarez.
Las irregularidades en las detenciones fueron destacadas por la jueza penal Karina Andrade, quien ordenó la liberación de 114 personas. Según su informe, las detenciones se realizaron sin especificar motivos, horarios ni lugares de alojamiento de los detenidos. Además, la magistrada enfatizó que la represión vulneró derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta y la libertad de expresión.
No es la primera vez que el Gobierno justifica el uso de la fuerza con acusaciones de intentos golpistas. En junio, durante el debate de la Ley Bases, la represión dejó múltiples heridos y detenidos, mientras que el fiscal Carlos Stornelli calificó las protestas como «actos terroristas», utilizando información oficial difundida en redes sociales.
La situación de la protesta en Argentina ha sido motivo de análisis en audiencias de la CIDH desde la asunción de Milei. En una de ellas, el representante de la ONU para América del Sur, expresó su preocupación por la criminalización de las manifestaciones. A su vez, organismos internacionales advirtieron que el Estado debe garantizar el derecho a la protesta en una sociedad democrática.