La Defensoría General Adjunta y el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco presentaron un hábeas corpus ante el Superior Tribunal de Justicia en contra de la ley que prohíbe el uso de celulares e internet en los centros de detención de la provincia.
La presentación sugiere no solo la suspensión de la medida, sino también la declaración de «inconstitucionalidad» de la ley que la sustenta. La defensora adjunta y la titular del Comité han firmado la presentación, que ya ha sido comunicada oficialmente a las autoridades del Poder Ejecutivo, la Fiscalía de Estado y la Legislatura.
Según los organismos, la restricción, impuesta por el gobernador Leandro Zdero, agrava las condiciones de encierro y vulnera derechos fundamentales como la comunicación, el acceso a la educación y la resocialización de los internos. Además, solicitan la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 4033-J y una medida cautelar para suspender su aplicación.
Los organismos destacan que el uso de dispositivos móviles ha sido crucial para fortalecer los vínculos familiares, prevenir abusos y permitir el acceso a justicia, salud, educación y trabajo . También advierten sobre los riesgos de fomentar el uso clandestino de celulares, lo que podría generar un mayor nivel de corrupción dentro de las instituciones penitenciarias. A través de un análisis de los registros de llamados, detallan que una parte significativa de las solicitudes realizadas por los reclusos está relacionada con temas de salud, asesoramiento legal y denuncias de abusos intramuros.