La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, convocó a una sesión para el próximo 3 de abril a las 12 horas, en la que se debatirán los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
La sesión fue solicitada por el bloque de Unión por la Patria (UP) con el objetivo de someter a votación las postulaciones impulsadas por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia.
La petición inicial de UP pedía que la sesión se realizara este jueves, pero la titular del Senado decidió postergarla dos semanas, amparándose en el reglamento. La normativa le permite a la presidencia fijar la fecha y horario de la convocatoria dentro de ciertos límites.
Hacia la sesión, el bloque de UP, junto con los senadores porteños Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (Frente PRO), buscaba alcanzar al menos 25 votos en contra de ambos pliegos para rechazar las designaciones.
El principal argumento de quienes se oponen a las postulaciones es que Lijo y García-Mansilla aceptaron ser nombrados por decreto presidencial, un mecanismo que algunos sectores consideran inadecuado para designaciones de tal magnitud.
LA ESTRATEGIA DE LA OPOSICIÓN
El pedido de sesión de UP se produjo después de que la Comisión de Acuerdos del Senado emitiera dictamen sobre el pliego de García-Mansilla. En contraste, el pliego de Lijo aún no reunía las nueve firmas necesarias para ser tratado en el recinto. A las siete firmas de UP se sumaron, en dictamen aparte, las de Lousteau y Tagliaferri.
Con esta iniciativa, UP intentó forzar una votación inmediata para bloquear ambos nombramientos. Sin embargo, la maniobra de Villarruel de fijar la fecha en abril le otorgó al oficialismo más tiempo para negociar apoyos y revertir posibles rechazos.
Si bien el reglamento del Senado establece que una sesión debe ser convocada cuando al menos cinco senadores lo soliciten, también otorga a la presidencia la potestad de fijar la fecha y el horario de la misma. Este margen de decisión permitió que Villarruel programara la sesión según su criterio.
La postergación generó malestar entre los legisladores opositores, quienes consideraron que la medida buscó dilatar la discusión para favorecer al oficialismo. No obstante, desde el entorno de la vicepresidenta sostienen que la decisión se ajusta a derecho.