Diego y Walter B., titulares de la firma charatense B. Agropecuaria SA, fueron procesados por lavado de activos y embargados por $93 millones. Así lo decidió el juez federal 2 de Resistencia, Ricardo Mianovich, en el marco de la causa en donde la Justicia Federal los investiga junto al dirigente piquetero, Ramón Tito López y su núcleo familiar.
La resolución de Mianovich tiene fecha del martes pasado. Tanto Diego como Walter fueron procesados sin prisión preventiva por hallarlos responsables -prima facie- del delito de lavado de activos de origen delictivo, al haberse cometido de manera organizada, según publicó el portal judicial Litigio.
La acusación apunta a transacciones irregulares realizadas por los hermanos B. con la familia López por más de 2 mil hectáreas de terrenos fiscales cedidas por el Estado provincial con fines sociales. Las operaciones se realizaron en 2022.
El magistrado señaló en su escrito que, si bien los B. carecieron del «dominio del hecho», no obstante, el fundamento de su punibilidad radicaría en que realizan «una contribución (dolosa) al daño o puesta en peligro del bien jurídico».
«Da cuenta de ello que los señores Diego y Walter B. facilitan a la familia López/Romero a que realicen la comisión delictiva, es decir, con conocimiento de la prohibición de venta de esas tierras, según escrituras incorporadas en autos, valiéndose de una figura legal -como el leasing- permiten a los miembros de la familia, encabezada por el señor Ramón López, a que lleven adelante su plan delictivo de adquirir ganancias espurias y, su posterior incorporación al comercio formal mediante la adquisición de diversos bienes y moneda extranjera», aseveró.
LA DENUNCIA
La actual titular del Instituto de Tierras Fiscales, Ana María Canata, fue quien denunció que se otorgó a los López, desde 2011 hasta la fecha, un total aproximado de tres mil hectáreas de campo que constituían patrimonio del Estado provincial, mediante tramitaciones administrativas que se expedían «con prioridad, en tiempo récord y de manera harto irregular».
Si bien dichas tierras se concedieron con la finalidad de productividad y pesando sobre las mismas una prohibición absoluta de disposición durante el período de diez años, se constató la contravención de dicho propósito inicial debido a la falta de empleados registrados, el estado de abandono de casi la totalidad del campo, la ausencia de actividades productivas en este, y la disposición onerosa de las mismas a favor de particulares -en todos los casos, a favor de los hermanos Walter y Diego B., que las habrían adquirido por un precio muy inferior al de mercado a través de contratos de leasing inmobiliarios- lo que generó enormes ganancias ilícitas.
SEIS LEASING
De acuerdo a la imputación realizada por el fiscal federal, Patricio Sabadini, se contabilizaron seis leasings a nombre de los hermanos B., en predios que la familia López había recibido del gobierno provincial en el departamento Güemes, por un total de 2.097 hectáreas.
Todos se constituyeron a través de un fideicomiso denominado La Alejandra Uno, constituido a través de Smart Capital SA, firma de Charata especializada en asesoramiento y gestión empresarial.
Los fiduciantes de categoría A y beneficiarios son Tito López, Librada Romero, David López, Walter López, Daniel López y Débora Acosta, mientras que los fiduciantes y beneficiarios B son B. Agropecuaria SA. La operatoria de los seis leasings se realizó el 1 de octubre de 2022, ante la escribana María Artieda.
«Corresponde aquí destacar, que todas estas tierras otorgadas por el Instituto de Colonización, han sido destinadas o sometidas a contratos de leasing, obteniendo los integrantes de esta asociación ilícita, ganancias irregulares, y en todos los casos, tales contratos fueron celebrados con los hermanos B., conforme surge de los folios reales incorporados», señaló la Fiscalía Federal en su requerimiento.