Horas antes del inicio del paro general de la CGT, el gobierno nacional difundió un mensaje de alerta en las pantallas y altoparlantes de las estaciones de trenes y colectivos. “Ataque a la República. La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan o te obligan a parar denuncia al 134”, se puede leer en las terminales de Constitución o Retiro.
“Todo aquel que se sienta amenazado por algún intermediario o puntero de que si van a la marcha no se les va a quitar el plan o, por la negativa, de que si no van a la marcha les sacan el plan, no les crean; llamen y hagan la denuncia”, había señalado en ese entonces el vocero presidencial, Manuel Adorni.
La medida de fuerza de la CGT, que es la tercera desde la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, comenzó a la medianoche del jueves 10 de abril y se extenderá hasta las 23:59. La jornada fue precedida por una movilización al Congreso el miércoles 9, que coincidió con la habitual protesta que los jubilados realizan ese mismo día.
La acción sindical cuenta con una fuerte adhesión del transporte urbano, como son los taxis (Sindicato de Peones de Taxis), los trenes (sindicatos ferroviarios) y subtes (metrodelegados).
Sin embargo, y a pesar de la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), los colectivos funcionan con total normalidad. Esto es debido a una conciliación obligatoria, previamente dictada por la Secretaría de Trabajo. Respecto al transporte aéreo, se estima una operatividad del 45%
Durante una conferencia de prensa, Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, explicó que el paro busca “exigir la libertad para negociar paritarias libres y acuerdos homologados; aumento a los jubilados y actualización del bono; y volver a discutir las asignaciones familiares”.
El último paro general contra el gobierno nacional fue el 9 de mayo pasado, donde no hubo trenes y subtes, pero los supermercados, shoppings y comercios se mantuvieron abiertos, marcando una actividad dispar del sector privado.
En aquel entonces, Adorni había adelantado que le descontaría el día a los empleados públicos que adhirieran: “El paro no tiene una razón aparente. Sigue abierta la línea 134 para denunciar extorsiones. A los empleados estatales que paren se les descontarán sus haberes del día. Las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que la situación ocasione».
Además, desde el equipo económico del gobierno estimaron que la medida costó más de 500 millones de dólares a la economía, lo que representó un 1,1% del PBI de mayo o un cuarto de lo que se produciría en un día normal.
Incluso, la medida afectó fuertemente a la industria automotriz argentina. En aquel entonces, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) bloquearon las plantas de General Motors, Ford, Renault y Nissan.
Mientras que otras marcas como Toyota, Fiat, Citroën, Volkswagen y Peugeot esgrimieron sus argumentos para frenar la producción. Ya sea por falta de piezas importadas o para darle margen a sus empleados de que pudieran volver a sus casas.