Gustavo Larrea, ofreció un diagnóstico detallado del deterioro del sistema, así como de las urgentes reformas que, a su criterio, deben aplicarse si se pretende sostener un servicio esencial para miles de chaqueños.
«Estamos viviendo una complicación importante. La caída de pasajeros no es solamente por una cuestión estacional, sino también por el avance de las aplicaciones, el descontrol con los motomandados y las motos que ofrecen viajes sin ningún tipo de regulación.
Es un problema de competencia desleal y de seguridad para los usuarios», afirmó Larrea.
En declaraciones a Radio Natagalá, Larrea aseguró que durante los meses de enero y febrero de este año se registró una caída del 25% interanual en el uso de la tarifa plana, es decir, del pasaje abonado sin descuentos sociales o gratuidades.
«El pasajero que no tiene ningún beneficio, que no es estudiante, ni jubilado, ni tiene discapacidad, paga hoy $1.300. Y ese usuario, directamente, ha dejado de viajar. Hay gente que hace cuentas y prefiere moverse en grupo en un Uber, que a veces termina saliendo más barato que pagar cuatro pasajes», explicó el titular de Cetach.
Además, subrayó que el sistema de subsidios no se ajusta a este escenario. «Hoy se paga a las empresas en función de los pasajeros transportados, pero cada vez hay menos pasajeros.
Entonces, no se cubren los costos operativos y las empresas tienen que recurrir a endeudarse para cubrir gastos fijos como el pago de sueldos», advirtió.
«Moto UBER», aplicaciones
y la informalidad
Larrea se mostró especialmente crítico con el crecimiento de los servicios informales que, según denunció, operan sin regulación alguna. «En una espera de diez o quince minutos en una parada de colectivos, pueden pasar tres o cuatro motos ofreciendo viajes, sin seguro, sin habilitación, sin controles.
No sabemos si los conductores están registrados, si tienen las condiciones mínimas para transportar pasajeros. Es tierra de nadie», lanzó.
«Estamos haciendo relevamientos desde las empresas, con inspectores propios en todas las paradas, y lo que vemos es alarmante. Estas motos, que la gente llama ‘moto Uber’, captan una gran parte del pasaje, especialmente entre los jóvenes. La informalidad está destruyendo al transporte público formal», aseveró.
También mencionó que muchas de estas unidades se manejan mediante aplicaciones digitales, lo que dificulta aún más su detección y control. «Se escudan en las plataformas para evitar cualquier tipo de regulación. La autoridad de control debe intervenir, porque esto representa un riesgo para todos», insistió.
Un esquema tarifario que
ya no funciona
Para Larrea, el problema estructural del sistema también se refleja en la forma en que están diseñadas las compensaciones estatales.
El modelo actual se basa en la cantidad de pasajeros transportados, lo cual, en un contexto de caída de la demanda, agrava el déficit de las empresas.
«Tenemos un esquema que ya no funciona. Hay líneas que fueron creadas en función del kilometraje recorrido, y que debían ser subsidiadas por el costo operativo. Pero hoy, como se paga por pasajero, esas líneas son absolutamente deficitarias. Ya no se sostienen».
Entre las más comprometidas mencionó la línea 207, que cubre el trayecto Fontana–Barranqueras por Soberanía Nacional, y que «prácticamente no transporta a nadie»; la línea 203, que une Vilelas con Barranqueras; y la 205, que recorre la avenida Castelli hasta el barrio Güiraldes. «También hay que revisar la línea 206, que debería ser acortada», señaló.
En contraposición, Larrea defendió el funcionamiento de las llamadas líneas troncales, nacidas del pliego de licitación anterior, que según él «tienen mejor velocidad comercial y mayor captación de pasajeros».
Sin embargo, admitió que el sistema completo necesita una reestructuración urgente.
Desde Cetach afirmaron que se encuentran en diálogo con el Poder Concedente para buscar alternativas viables que permitan sostener el servicio. «Hay que sentarse con seriedad a revisar línea por línea, analizar su productividad, su necesidad real, y rediseñar el sistema de acuerdo a los hábitos actuales de los usuarios», planteó Larrea.
Además, exigió una mayor presencia del Estado para enfrentar la competencia informal. «No puede ser que cualquier transporte de pasajeros sin estar habilitado.
No solo por una cuestión de competencia, sino por la seguridad de todos. Si no hay control, el transporte público colapsa», sentenció.
Un sistema en riesgo de colapso
El dirigente empresario también hizo referencia a la situación financiera de las empresas, muchas de las cuales deben recurrir al endeudamiento para poder cumplir con sus obligaciones.
«Ningún empresario quiere ir al banco para pagar sueldos. Pero hoy, con la caída de pasajeros y sin subsidios acordes, no queda otra. Estamos al límite. El transporte ya no es rentable y muchos ya se preguntan si tiene sentido seguir en estas condiciones», relató.
Larrea remarcó que no se trata solo de un problema empresarial, sino de una cuestión que afecta directamente al bolsillo y la calidad de vida de los usuarios.
«Si se estabiliza la economía, si mejora el poder adquisitivo de la gente, el pasajero va a volver. Pero también es necesario que haya una política de transporte clara, moderna, que controle lo informal y apueste por un sistema eficiente. La gente quiere un servicio confiable y seguro, y eso sólo puede garantizarlo el transporte formal», comentó.
La urgencia de una
política pública integral
Finalmente, el titular de Cetach instó a las autoridades a asumir con responsabilidad el desafío de reformar el sistema. «Ya no alcanza con parches. Hace falta una política integral, con mirada a largo plazo, que rediseñe recorridos, modernice la flota, revise el sistema de subsidios y, sobre todo, regule la competencia desleal», afirmó.
«Un buen transporte público mejora la calidad de vida, reduce el uso de motos y el caos en el tránsito, baja los costos familiares y cuida el ambiente.
Pero para eso hace falta decisión política y planificación. De lo contrario, el sistema va a seguir cayéndose a pedazos», dijo.