Representantes del sector agropecuario y el director del Programa de Seguridad Productiva del Ministerio de Seguridad, Martín Culatto mantuvieron un encuentro clave.
El mismo contó con la participación del presidente de Coninagro, Lucas Magnano, el secretario Mario Raiteri, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, y directivos de la Sociedad Rural y la Federación Agraria. El objetivo fue abordar el creciente problema de inseguridad en las zonas rurales del país.
Durante la reunión, los productores manifestaron su preocupación por el aumento de robos en áreas rurales, especialmente por el incremento en los niveles de violencia asociados a estos hechos. Los representantes del sector agropecuario enfatizaron que las consecuencias trascienden las pérdidas económicas, afectando directamente la integridad física de los trabajadores y la continuidad de las actividades productivas.
Uno de los puntos destacados fue el reclamo por una mayor coordinación entre los distintos niveles del Estado. “Estamos seguros de que es una decisión política, no económica, donde se involucran tres patas, la nación, las provincias y las entidades; pero es importante incorporar a la justicia para que las causas no se abandonen”, afirmaron los productores. También insistieron en la necesidad de fortalecer el seguimiento del delito en las zonas rurales.
PROPUESTA DE UN PROGRAMA NACIONAL
Mario Raiteri, secretario de Coninagro, propuso la creación de un Programa Nacional de Seguridad Agropecuaria. Según su planteo, dicho programa debería trascender a las gestiones gubernamentales de turno y garantizar continuidad en el tiempo. “Este trabajo debería darse en el marco de un Programa Nacional de Seguridad Agropecuaria que trascienda en el tiempo y perdure más allá de las administraciones nacionales o provinciales”, expresó.
Raiteri también subrayó la importancia de involucrar a todas las fuerzas de seguridad del país. En su visión, el programa debe incluir a la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, no solo para combatir delitos federales, sino también para colaborar con las fuerzas provinciales en la prevención de delitos rurales. El objetivo es lograr una acción articulada y sostenida.
Los representantes de las entidades rurales coincidieron en la necesidad de políticas públicas integrales que protejan al productor agropecuario, garanticen la seguridad de los trabajadores del campo y refuercen el papel de la justicia en el tratamiento de los delitos rurales.
COMPROMISO DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD
Por su parte, Martín Culatto destacó la continuidad del trabajo iniciado en el marco del programa Cosecha Segura, impulsado por la ministra Patricia Bullrich. Explicó que desde la Mesa Nacional de Delitos Rurales se busca implementar medidas coordinadas con las provincias para prevenir los delitos en zonas rurales, fortaleciendo el vínculo entre las autoridades locales y nacionales.
Culatto también anunció que se generará una agenda de trabajo conjunta con las provincias, orientada a dar continuidad a la problemática. Este compromiso responde a “la alta preocupación del sector agroindustrial”, según expresó el funcionario. Además, resaltó la importancia de mantener el diálogo permanente con las entidades del campo.
Entre las acciones concretas en curso, el director mencionó la realización de procedimientos especiales en los ingresos a puertos y en puntos estratégicos con alto tránsito de camiones. Estas medidas buscan anticipar posibles ilícitos y reforzar el control en zonas clave para la logística agropecuaria.
OBJETIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
Como conclusión de la mesa de trabajo, se destacó la necesidad de generar políticas articuladas que combinen esfuerzos entre el Estado y el sector privado. Se busca “coordinar y unir partes, relacionar procedimientos junto a las provincias y generar políticas a corto y largo plazo”, con el fin de disminuir la incidencia de delitos en el ámbito rural.
Los participantes señalaron que la homologación y unificación de criterios entre las jurisdicciones puede facilitar la implementación de estrategias más efectivas. En ese sentido, se planteó la necesidad de contar con estadísticas claras y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar el impacto de las políticas adoptadas.
El sector agroindustrial reafirmó su disposición a colaborar con los organismos de seguridad en el diseño de herramientas específicas que garanticen condiciones seguras para la producción y la vida rural. El objetivo compartido es avanzar hacia “un campo en producción más seguro para trabajar”, según concluyeron los representantes.