El Poder Judicial del Chaco lanzó días atrás el programa Ecojusticia, una iniciativa destinada a transformar la conciencia ambiental dentro de la estructura judicial.
La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Emilia Valle, explicó que el programa nació “teniendo como objetivo principal sensibilizar y promover la conciencia, la responsabilidad ambiental, comenzando desde todas las estructuras del propio Poder Judicial”.
En diálogo con Radio Libertad, Valle sostuvo que se trata de un compromiso doble: desde su rol institucional y como ciudadana. “Tenemos un rol fundamental como Poder Judicial, pero también la obligación, como ciudadanos que somos, de sostener el uso racional y sostenible de los recursos que se emplean dentro del mismo Poder Judicial”, expresó.
PROGRAMA ECOJUSTICIA
El programa se articuló en torno a dos grandes ejes: el calendario ambiental y las acciones transversales permanentes. “Por un lado, tenemos un calendario ambiental. Todos los meses, en las fechas emblemáticas ambientales, realizamos actividades concretas”, detalló Valle. Por ejemplo, el 22 de abril, en conmemoración del Día Mundial de la Tierra, se lanzó oficialmente el plan en el marco de una conferencia nacional. Entre las acciones del calendario, mencionó campañas de reciclaje, plantación de árboles, talleres lúdicos para jardines judiciales y distribución de bolsas ecológicas.
«En mayo, el 16 es el Día Internacional de la Luz. Hacemos una charla sobre ecoeficiencia para el personal de mantenimiento de los edificios”, puntualizó.
TODOS LOS DÍAS, TODO EL AÑO
Además de las fechas clave, el programa contempla acciones cotidianas y transversales. “Capacitamos en ambiente y justicia. Incluye jurisprudencia, legislación y contenidos específicos para magistrados, funcionarios y empleados. No te olvides que la ley Yolanda es de capacitación obligatoria”, recordó Valle.
El programa también apunta a una gestión eficiente de recursos: “Llevamos adelante reciclado de papel y tóneres, usamos descartables biodegradables en los breaks, promovemos campañas de sensibilización y realizaremos una evaluación ambiental institucional con la huella ecológica del Poder Judicial”, aseguró.
EL EFECTO MULTIPLICADOR
Aunque el programa se enfoca inicialmente en las prácticas internas del Poder Judicial, su impacto ya se proyectó hacia afuera. Valle relató un caso en Campo Largo (ver recuadro): “Una persona tenía una sanción contravencional y en lugar de días de arresto, se determinó que realizara tareas comunitarias vinculadas al ambiente, como la creación de una huerta agroecológica en una escuela. Eso forma parte de la sensibilización”.
Este tipo de decisiones judiciales, si bien autónomas, se vieron influenciadas por la atmósfera generada por Ecojusticia. “El programa no le dice al juez qué hacer, pero sensibiliza, genera una conciencia que se traduce en fallos y resoluciones”, explicó.
CAPACITACIÓN PERMANENTE
Uno de los pilares del programa Ecojusticia es la formación continua de todos los actores judiciales. “Las acciones transversales del programa son permanentes y durante todos los días, entre ellas la capacitación en ambiente y justicia”, subrayó Valle. El cumplimiento de la Ley Yolanda, que establece la capacitación obligatoria en ambiente para funcionarios y empleados del Estado, se consolidó como base del plan. “Lo venimos haciendo hace años, pero además de eso vamos a fortalecer con exponentes en la materia ambiental”, afirmó.
Entre los especialistas invitados a brindar charlas y talleres se encuentran Sergio Barotto, Claudia Esdard de Tucumán, Sergio Torres de la Corte de Buenos Aires y el hijo del ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. “Vamos a continuar sumando voces autorizadas que nos permitan profundizar nuestra perspectiva en el ámbito judicial”, aseguró.
Esta formación incluye también contenidos sobre legislación, jurisprudencia y herramientas prácticas para aplicar criterios ambientales en el quehacer diario de juzgados, fiscalías y demás oficinas judiciales. El enfoque está puesto en que cada agente de justicia comprenda que el cuidado ambiental no es solo una responsabilidad institucional, sino un imperativo ético y ciudadano.
RED FEDERAL DE BUENAS PRÁCTICAS
El trabajo conjunto entre poderes judiciales de distintas provincias se volvió una práctica consolidada dentro de la Junta Federal de Cortes, donde Emilia Valle ocupa la presidencia. En este marco, el programa Ecojusticia busca ser replicado a nivel nacional.“Sergio Barotto dijo en la conferencia: ‘Voy a pedírselo a Chaco para transmitirlo en el próximo acuerdo de Río Negro’. Seguramente se van a ir sumando, porque entre los poderes judiciales somos solidarios”, remarcó Valle.
La colaboración entre cortes provinciales permitió en los últimos años no solo compartir programas exitosos, sino también enfrentar crisis como ciberataques mediante simulacros de hackeos cruzados. “Nos hackeábamos falsamente entre nosotros mismos los poderes judiciales para probar cómo estábamos en materia de seguridad”, recordó la magistrada.
Además de estos ejercicios, existen foros específicos dentro de la Junta Federal: de arquitectos, de administradores, de informática y de escuelas judiciales. “Los foros se reúnen presencialmente una vez al año y el resto del tiempo de manera virtual. Intercambian ideas, preocupaciones, experiencias. Hay un verdadero trabajo en red”, destacó.
Valle subrayó que este espíritu colaborativo no solo fortalece la independencia judicial sino que permite la construcción colectiva de políticas públicas ambientales desde el poder judicial: “Es una cosa muy positiva entre las Jufes. Más allá del objetivo principal que es defender la independencia de los poderes judiciales a ultranza, también nos enriquecemos mutuamente con estas iniciativas”.