Los dirigentes sociales Marcos Antonio Cáceres, Lucas Alexis Torales Cordeiro, Juan Carlos Rolón y Diego Armando Rolón, fueron trasladados el martes por la tarde a la Unidad Penitenciaria Federal 7 de Resistencia, en un procedimiento encabezado por el comisario general José Darío Martínez. Los imputados estaban alojados en la comisaría de Isla del Cerrito.
El traslado se llevó adelante tras la imputación por el delito de supuesto lavado de activos, en el marco de una investigación federal encabezada por el fiscal Patricio Sabadini y la jueza Zunilda Niremperger. A su llegada al penal, los detenidos fueron sometidos a exámenes médicos de rutina y alojados en celdas comunes.
Los procedimientos forman parte de una causa que ha cobrado notoriedad pública por la magnitud de los recursos presuntamente desviados. La investigación judicial avanzó con medidas cautelares que incluyen el secuestro de bienes valuados en millones de pesos.
DETALLES DE LA
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
La causa se originó a partir de múltiples allanamientos realizados en Resistencia, Puerto Vilelas y Posadas. Durante los operativos se incautaron vehículos de alta gama, terrenos, propiedades, salones de fiestas, galpones, quinchos con piletas y ganado vacuno. Las pruebas apuntan al desvío de fondos públicos hacia usos personales.
Los recursos investigados provienen del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep), que durante 2023 manejó un presupuesto de $16 mil millones, de los cuales $15 mil millones fueron canalizados a organizaciones sociales. Se detectaron falencias en los mecanismos de control en la asignación y ejecución de esos fondos.
La gestión de los recursos estuvo a cargo de Mauro Andión, entonces titular del Iafep, quien se encuentra actualmente detenido. La Justicia analiza su rol en la entrega sistemática de fondos sin los debidos resguardos administrativos.
Uno de los programas más comprometidos es el de emergencia habitacional, destinado originalmente a la construcción de viviendas para sectores vulnerables. En su lugar, los fondos habrían sido utilizados para adquirir bienes de lujo y realizar inversiones privadas.
PERFIL DE LOS DETENIDOS
Y SUS ORGANIZACIONES
Juan Carlos Rolón es líder de la Fundación La Roca Sólida y, según la investigación, recibió $206 millones. Se detectó que los fondos fueron destinados a edificar salones de fiestas y a adquirir vehículos de alta gama. En un campo de su propiedad se hallaron 36 vacas y tres caballos.
Diego Armando Rolón, sin vínculo familiar con Juan Carlos, dirige varias cooperativas que también recibieron fondos públicos. La investigación identificó que posee un corralón de materiales, inmuebles en construcción, ganado y vehículos. Él y su esposa figuraban como empleados municipales sin registrar actividad laboral.
Marcos Antonio Cáceres, vinculado al Movimiento Juan Domingo Perón, habría recibido $220 millones entre 2022 y 2023. Los investigadores sostienen que utilizaba fondos públicos para construir viviendas que luego vendía. También está acusado de comercializar terrenos fiscales.
Lucas Alexis Torales Cordeiro figura como cotitular de fundaciones que prestaban servicios únicamente al Estado provincial.
Se le atribuyen operaciones financieras irregulares como el cambio de divisas en el exterior y el uso de criptomonedas. Se detectaron viajes frecuentes al Paraguay y un nivel de vida incompatible con sus ingresos.
IMPLICACIONES POLÍTICAS
Y ADMINISTRATIVAS
La investigación expone una presunta red de corrupción estructural en la provincia, sostenida por la ausencia de controles en el manejo de fondos sociales.
El vínculo entre funcionarios públicos y organizaciones sociales plantea interrogantes sobre el conocimiento que el exgobernador pudo haber tenido respecto de estas operaciones. La causa explora posibles responsabilidades políticas más allá de las judiciales.
Con la llegada de Leandro Zdero a la gobernación, se dispuso la intervención del Iafep. La nueva titular, Claudia Ávila, inició una auditoría interna y presentó denuncias por presunto fraude a la administración pública.
Como resultado de la auditoría, fueron detenidos Mauro Andión y la arquitecta María Laura Moreno, ambos exfuncionarios. La Justicia los acusa de incumplimiento de deberes y administración fraudulenta, en el marco de una causa que aún sigue en etapa de instrucción.
Este contexto generó un impacto directo en la gestión administrativa, obligando a implementar controles más estrictos y mecanismos de fiscalización sobre las transferencias a cooperativas y fundaciones.