El vocal del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv), Diego Gutiérrez, aseguró que las personas perjudicadas por el fallido plan Caraguatá ya comenzaron a ser incorporadas en nuevas entregas de viviendas.
En contacto con Radio Facundo Quiroga, el vocal del organismo confirmó que varias de las familias afectadas ya fueron incluidas en nuevas adjudicaciones mediante sorteos públicos, y que se trabaja en la depuración de listas y en el restablecimiento del acceso transparente al derecho a la vivienda. «Queremos reparar ese daño. Estas personas no pueden quedar a la deriva por la corrupción de otros», afirmó.
Gutiérrez recordó que el proyecto Caraguatá, impulsado durante la gestión de Jorge Capitanich, sorteó unas 600 viviendas en un terreno donde nunca se colocó un solo ladrillo. «Las familias afectadas recibieron comunicaciones de adjudicación por viviendas que jamás se iniciaron», dimensionó y calificó el hecho como una «estafa moral».
La herencia del engaño
Gutiérrez consideró que el proyecto habitacional «fue una gran mentira. Se usó la necesidad de la gente para venderle una ilusión», expresó. La denuncia no apunta únicamente al fracaso material del proyecto, sino a la utilización política de la esperanza.
«Sortearon cerca de 600 viviendas en un predio donde no hay absolutamente nada. La gente recibió mails, notificaciones, se emocionaron… y esas casas no existían. En el predio Caraguatá, ubicado en Resistencia, ni siquiera se niveló el terreno», aseveró.
Durante años, el Ipduv mantuvo en su padrón a personas que técnicamente estaban adjudicadas, pero que en la práctica no tenían ninguna garantía de acceso a una vivienda. «Lo terrible es que se jugó con la expectativa y con la dignidad de esas familias», insistió Gutiérrez.
Para el vocal la falta de construcción fue deliberada. «Nunca hubo intención real de levantar esas casas. Era todo para la foto, para el anuncio, para la estadística», dijo.
Incluso, según sus declaraciones, existieron derivaciones discrecionales: «A algunos los incorporaron en listados que hizo Diego Arévalo, que en su momento fue presidente del Instituto de Vivienda, donde beneficiaban a amigos, punteros, conocidos del poder político».
Por otra parte, Gutiérrez apuntó que esa metodología terminó generando una doble injusticia: por un lado, los que quedaron afuera y, por otro, los que fueron incluidos de manera arbitraria.
«Nos encontramos con casos donde había personas que ya tenían una casa y se les adjudicaba otra. O gente con relaciones políticas evidentes con dirigentes del anterior gobierno», relató el funcionario.
En contraposición, afirmó que desde la llegada de Leandro Zdero al Gobierno, el enfoque cambió radicalmente. «Hoy todo se hace por sorteo, de forma pública, con bolillero. Lo transmitimos en vivo. No hay listas paralelas, ni acomodos», remarcó Gutiérrez.
La crítica también fue institucional. «En el Chaco, el acceso a la vivienda fue usado históricamente como una herramienta de clientelismo. Lo que estamos haciendo ahora es romper con eso», aseguró.
La situación heredada obligó al nuevo Ipduv a hacer un relevamiento minucioso. «Empezamos a llamar uno por uno a quienes figuraban como beneficiarios del Caraguatá para saber en qué situación están. Algunos ya lograron acceder por otro sorteo. Otros siguen esperando. A ellos tenemos que darles prioridad», indicó.
Las consecuencias sociales
El impacto del proyecto fallido no fue solamente institucional. Las consecuencias golpearon de lleno a cientos de familias que vieron frustrado su acceso a una vivienda digna. «Recibimos testimonios desgarradores. Gente que vendió lo poco que tenía creyendo que iba a tener una casa. Se mudaron con la esperanza de que los llamen para firmar un acta o ver el terreno. Nunca los llamaron», afirmó Gutiérrez.
Muchas de esas personas aún aparecen en los registros como adjudicatarios, lo que les impide participar en nuevos sorteos. «Estaban atrapados en un limbo administrativo. Figuraban con una casa que no existía, pero al mismo tiempo no podían competir por una real», explicó.
El vocal del Ipduv sostuvo que el daño fue doble: material y emocional. «Les arruinaron la fe en el Estado. Eso es lo más grave. Porque si el propio Estado te miente, ¿a quién vas a recurrir después?», aseveró.
Durante las primeras semanas de gestión, el organismo inició un proceso de revisión caso por caso: «Armamos un equipo para revisar cada adjudicación de Caraguatá. Fue una tarea titánica, porque no había documentación clara. Algunos expedientes estaban incompletos o directamente no existían».
En varios casos, según Gutiérrez, se detectaron errores groseros: personas fallecidas que seguían figurando como beneficiarios, duplicación de adjudicatarios, y adjudicaciones cruzadas con otros planes que no correspondían.
«Todo eso lo tuvimos que ordenar desde cero. El nivel de desprolijidad era escandaloso», sentenció. La intención de la nueva gestión, según explicó, es garantizar un sistema justo, transparente y accesible.
«Una vivienda no es un premio político. Es un derecho básico. Y por eso estamos haciendo lo imposible para que ese derecho sea respetado», aseguró.
En otro punto, Gutiérrez también planteó la necesidad de que haya memoria institucional: «No podemos dejar que esto quede en el olvido. Tiene que haber consecuencias. No podés sortear casas que no vas a construir y que nadie te lo reclame».
Asimismo, insistió en que la credibilidad del Instituto se juega en la forma en que se resuelven estos casos. «La gente tiene que volver a confiar. Y la única manera de lograrlo es con hechos, no con promesas», relató.
El operativo de depuración
Ante esto, la nueva conducción del Ipduv implementó un plan de emergencia para depurar los listados, detectar irregularidades y reubicar a las familias damnificadas. El vocal explicó que este proceso no solo busca reparar el daño, sino también construir una nueva institucionalidad.
«Lo primero que hicimos fue transparentar los procesos. Hoy todo se hace a través de sorteos públicos. Ya no existen los listados armados en oficinas, ni las designaciones a dedo», afirmó con firmeza.
El nuevo sistema de adjudicación incluye un registro digitalizado, transmisión en vivo de los sorteos y criterios claros de priorización: madres solteras, personas con discapacidad, adultos mayores y familias en situación de emergencia habitacional. «No queremos que nadie más tenga que golpear puertas por atrás. Que el acceso a la vivienda deje de ser una cuestión de vínculos políticos», subrayó.
Sobre los afectados por el proyecto Caraguatá, Gutiérrez confirmó que muchos ya fueron incorporados a nuevos programas. «Logramos reubicar a varias personas en el barrio Ex Campo de Tiro, que es una obra que sí se concretó. También hay casos que entraron al sorteo de los nuevos proyectos en Fontana y Puerto Vilelas», detalló.
A quienes aún no recibieron respuestas, el vocal les transmitió un mensaje directo: «Estamos trabajando para ustedes. No los olvidamos. Sabemos lo que les hicieron y no lo vamos a permitir de nuevo».
El operativo de reubicación incluyó entrevistas personales, visitas domiciliarias y cruce de datos con otros organismos. «No queríamos cometer los mismos errores. Cada asignación está debidamente documentada. Hay un expediente, una firma, una constancia», aseguró.
Además, se habilitó una línea telefónica exclusiva y un correo institucional para canalizar reclamos y brindar información personalizada. «La idea es acercar el Estado a la gente, no esconderse detrás de una ventanilla», explicó.
La reconstrucción de la confianza ciudadana es, para Gutiérrez, uno de los objetivos centrales de esta gestión. «Durante mucho tiempo, la gente creyó que una casa era un favor que se pedía. Hoy queremos que entiendan que es un derecho que se exige y que el Estado debe garantizar», dijo.
Y agregó: «Vamos a demostrar que se puede hacer política de vivienda sin corrupción, sin clientelismo, sin mentiras. Esa es nuestra meta». Según explicó, el Ipduv avanza en la elaboración de un manual de procedimientos obligatorio, con controles cruzados y auditorías internas. «Cada etapa del proceso de adjudicación y ejecución de viviendas va a estar supervisada. La idea es institucionalizar la transparencia», detalló.
Además, se está trabajando en un sistema unificado de beneficiarios que cruce datos con organismos nacionales como Anses y Afip. «Queremos saber quién recibe una vivienda, cuál es su situación real y qué compromiso asume. Esto no es regalar casas, es garantizar acceso con responsabilidad mutua», afirmó.
Asimismo, Gutiérrez también remarcó que el nuevo enfoque pone a la vivienda en el centro de una política de desarrollo integral. «No es solo construir casas. Es generar barrios con servicios, accesibilidad, transporte, escuelas y seguridad. Por eso, cada nuevo proyecto va de la mano de una planificación urbana más amplia», sostuvo.
En ese sentido, adelantó que el Instituto trabaja actualmente en alianzas con municipios, cooperativas y universidades para diseñar planes más sustentables. «Queremos que los barrios no solo sean habitables, sino también integrados al tejido urbano», explicó.