En un giro crucial para una de las investigaciones más resonantes de los últimos años en la provincia, la Justicia Federal avanza con firmeza contra una presunta red de corrupción y lavado de activos que habría operado en el corazón del Chaco. El clan López está detenido desde el pasado 12 de septiembre de 2024.
LA VOZ DEL CHACO accedió en exclusiva al requerimiento de elevación parcial a juicio formulado por el Fiscal Federal Patricio Nicolás Sabadini, donde se solicita que Ramón Alberto “Tito” López, su esposa Librada Beatriz Romero, y sus hijos, sean sometidos a debate oral por graves delitos que incluyen asociación ilícita, fraude a la administración pública y lavado de activos.
El documento, presentado ante el Juzgado Federal que interviene en la causa caratulada “LÓPEZ, RAMÓN ALBERTO Y OTROS S/ INFRACCIÓN ART. 303 INC. 2 A, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” (FRE 11335/2020), sostiene que la etapa de instrucción se encuentra completa respecto al núcleo principal de imputados. El Ministerio Público Fiscal considera que las pruebas recabadas son suficientes para que los acusados enfrenten a la Justicia en un juicio oral y público.
Una Trama Familiar Bajo la Lupa Judicial
La hipótesis central del fiscal Sabadini es que Ramón Alberto «Tito» López lideró una sofisticada estructura delictiva organizada, dedicada a la defraudación contra la administración pública y al lavado de activos de origen delictivo, operando bajo la figura de asociación ilícita. Lo llamativo de la acusación es que se extiende a su círculo familiar más íntimo.
Los hechos imputados, tal como se detallan en el requerimiento, no solo señalan a Ramón Alberto «Tito» López como jefe y organizador de la asociación ilícita, coautor de fraude y coautor de lavado de activos agravado, sino que también atribuyen responsabilidades a sus hijos: David Alberto López, Walter Ramón López y Daniel Orlando López. Asimismo, Librada Beatriz Romero, esposa de «Tito», fue procesada sin prisión preventiva como coautora del delito de lavado de activos agravado, una resolución que ya se encuentra firme. La inclusión de los hijos en la imputación sugiere una operación coordinada y de gran envergadura donde los lazos familiares habrían sido clave para la ejecución de las maniobras ilícitas.
Fundaciones «Sellos de Goma» para Defraudar al Estado
Uno de los pilares de la acusación fiscal radica en el presunto uso de fundaciones de fachada. El requerimiento menciona explícitamente a “Los Dueños de la Raza”, “Buen Vivir y Trabajo” y “Construyendo País” como entidades sin empleados ni infraestructura real, que sin embargo habrían facturado millones al Estado chaqueño. Se apunta que estas fundaciones fueron utilizadas como «sellos de goma» para desviar fondos públicos, principalmente a través de organismos como el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).
La Fiscalía argumenta que el patrimonio y el ostentoso estilo de vida de los acusados no guardan relación con sus ingresos declarados. Durante la investigación, se identificaron numerosos bienes muebles e inmuebles, vehículos de alta gama, significativos movimientos bancarios y fondos en efectivo cuya procedencia no pudo ser justificada, constituyendo un indicio clave de lavado de dinero. La operatoria delictiva, según el fiscal, fue desarrollada con una llamativa “impunidad y desparpajo”, aprovechando presuntas conexiones con reparticiones estatales para obtener contratos y convenios millonarios.
Walter Pasko y Otros Implicados: La Trama se Extiende
La investigación no se limita al núcleo familiar de López. El expediente también apunta a otros actores, entre ellos Walter Pasko (también detenido desde hace pocas semanas). Si bien los detalles específicos de su participación no se exponen en este requerimiento de elevación parcial, su mención en el contexto de la causa sugiere una conexión con la presunta red de defraudación y lavado que operaba en la provincia. La Justicia Federal continúa profundizando en los distintos eslabones de esta estructura delictiva para desentrañar la totalidad de la operación, lo que podría derivar en futuras elevaciones a juicio.
Requerimiento de Elevación a Juicio
En su escrito -de 90 páginas-, el fiscal Sabadini no detalla una lista exhaustiva de las pruebas específicas (elementos de prueba o piezas de convicción) en esta sección del documento. En cambio, el requerimiento se centra en:
- Afirmar que la instrucción sumarial se encuentra completa.
- Sostener que hay suficientes «piezas de convicción incorporadas a la causa» para fundamentar los hechos imputados y la elevación a juicio.
El documento menciona que los hechos imputados se establecen «cuidando el marco fáctico y las piezas de convicción incorporadas a la causa». Sin embargo, no despliega un listado punto por punto de las pruebas recolectadas (como pericias contables, informes patrimoniales, escuchas telefónicas, testimonios específicos, documentos secuestrados, etc.).
Lo que el fiscal hace es referirse a las conclusiones derivadas de esas pruebas para justificar la imputación de los delitos. Por ejemplo, cuando habla de:
- Patrimonio sin justificación: Esto implica que existen informes patrimoniales y contables que lo demuestran.
- Facturación de fundaciones sin empleados ni sedes: Esto sugiere auditorías, informes de AFIP/organismos de control, y quizás testimonios.
- Movimientos bancarios y fondos en efectivo: Esto refiere a extractos bancarios, informes de UIF, etc.
- Existencia de una estructura delictiva organizada: Esto se deduce de la interrelación de personas, la división de roles, y la continuidad de las maniobras, lo que probablemente se probó con comunicaciones, registros, y testimonios.
En resumen, el fiscal en su escrito no especifica las pruebas una por una, sino que afirma que las pruebas existentes (piezas de convicción) respaldan la hipótesis fiscal y la solicitud de elevación a juicio. El detalle de las pruebas específicas se encontraría en las fojas del expediente judicial a las que hace referencia el fiscal en su requerimiento.
Hacia el Juicio Oral: Posibles Penas y Repercusión Social
Con la elevación parcial a juicio solicitada, ahora resta que el Juzgado Federal resuelva el requerimiento. De ser aceptado, el expediente pasará a la etapa de juicio oral y público, donde todas las pruebas reunidas serán evaluadas por un tribunal. Si bien aún no se ha precisado una fecha, se estima que el debate podría realizarse durante el año 2025.
Los delitos imputados —lavado de activos agravado, asociación ilícita y fraude al Estado— conllevan penas que podrían alcanzar hasta 10 años de prisión, además de fuertes sanciones económicas. Este caso se suma a una serie de investigaciones por corrupción que han sacudido a la provincia del Chaco, poniendo de manifiesto presuntas tramas de desvío de fondos públicos a través de organizaciones sociales. El «Caso López» ha generado un amplio eco en la comunidad chaqueña, tanto por el impacto social de los fondos presuntamente desviados de sectores vulnerables como por la exposición de un entramado que podría involucrar a estructuras del poder político local. El avance hacia el juicio abre una nueva etapa judicial, en la que se buscará dilucidar responsabilidades y, en última instancia, llevar justicia.