La fiscalía Federal de Resistencia solicitó la elevación a juicio oral del dirigente piquetero, Ramón “Tito” López, junto a su esposa, Librada Romero, y sus hijos David, Walter y Daniel. Todos ellos están acusados como coautores del delito de lavado de activos de origen delictivo, agravado por la habitualidad y por haberse cometido de manera organizada.
Según el requerimiento del fiscal Patricio Sabadini, a la familia se le atribuye haber puesto en circulación en el mercado, a través de diversas maniobras, fondos de origen ilícito provenientes de delitos de corrupción, fraude a la administración pública provincial y otras actividades ilícitas concretadas en el marco de una asociación ilícita.
Asimismo, la compleja trama investigada incluye a otros actores, entre ellos Walter Pasko. Si bien los detalles de su participación no se exponen en este requerimiento de elevación parcial a juicio, su mención en el contexto de la causa sugiere una conexión con la presunta red de defraudación y lavado que operaba en la provincia. La Justicia Federal continúa profundizando en los distintos eslabones de esta estructura delictiva para desentrañar la totalidad de la operación.
Esto se habría traducido en un significativo incremento y movimientos patrimoniales que no encuentran correlato en los magros ingresos lícitos, situación fiscal y patrimonial que registran, publicó el portal Chaco Día por Día. En el requerimiento presentado el lunes ante el juez, Ricardo Mianovich, la fiscalía sostiene que conformaron un grupo económico organizado con fines ilícitos que actuó de manera coordinada y sostenida en el tiempo.
La investigación señala que Tito López, en su rol de reconocido “dirigente social” de la provincia con manejo de un importante número de personas, habría utilizado su influencia para obtener distintos beneficios por parte del estado provincial.
Se pergeñó un esquema, con la necesaria participación de funcionarios públicos, tendiente a la concreción de actividades ilícitas con finalidad de obtener un lucro ilícito en el marco de reiterados hechos de “fraude a la Administración Pública”.
Estos fraudes, principalmente relacionados con irregularidades en la gestión y aplicación de fondos provenientes del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP, el cual fue cerrado por la actual administración) y otras reparticiones públicas provinciales a través de fundaciones a nombre de la familia López, constituirían los ilícitos precedentes que generaron las ganancias espurias.
Además del fraude, se verificaron presuntas maniobras ilícitas organizadas para el apoderamiento ilegal de miles de hectáreas de tierras fiscales provinciales. El Estado provincial de entonces habría otorgado al dirigente piquetero, su esposa, hijos y nuera aproximadamente tres mil hectáreas de campo de manera irregular y con prioridad en tiempo récord. Estas tierras, otorgadas por el Instituto de Colonización, habrían sido sometidas a contratos de leasing, obteniendo ganancias irregulares.
Otro presunto ilícito precedente mencionado es la usurpación o posesión ilegal del campo “El Timbó”, ubicado sobre Ruta Provincial 49, a 17 kilómetros de Cote Lai, donde se montó una gran operatoria económica de cría, compra y venta de animales, generando ganancias considerables.
Siguen hoy
los audiencias preliminares
El Equipo Fiscal Especial que investiga el femicidio de Cecilia Strzyzowski se encuentra afinando su teoría del caso para presentarla en las audiencias preliminares del juicio por jurado. El grupo está conformado por el fiscal de Cámara Martín Bogado y los fiscales de Investigación Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez.
La causa, identificada como 22.632/23 y que tiene como principal imputado a César Sena, se encuentra en una etapa clave: las audiencias preliminares que se desarrollan en la Cámara del Crimen 2 de Resistencia. Las mismas comenzaron el martes y continuarán hoy, además del 3 y 5 de junio.
En estas audiencias, todas las partes (Fiscalía, querella y defensas) presentan las pruebas que utilizarán durante el juicio y se resuelven objeciones o nulidades antes del debate.
La jueza técnica Dolly Fernández es la encargada de dirigir esta etapa y hoy, desde las 9, responderá los planteos pendientes para habilitar la presentación formal de las teorías del caso.
Esta instancia es fundamental en el proceso de juicio por jurado, ya que delimita el marco probatorio con el que se juzgará el crimen que conmocionó al Chaco en junio de 2023.