El cierre de la panadería La Espiga de Oro en Resistencia encendió una alarma en el sector panadero del Chaco. Así lo expresó Alejandro López, presidente del Centro de Industriales Panaderos de la provincia, quien manifestó su preocupación ante lo que considera un proceso de deterioro acelerado de la actividad. «Estamos matando la historia del Chaco», declaró en una entrevista radial, aludiendo al carácter emblemático del establecimiento cerrado.
Según López, la situación afecta profundamente al colectivo de panaderos, especialmente a quienes se formaron en el oficio tradicional. «Defendemos al artesano», subrayó, poniendo en valor a los trabajadores del sector formal.
Para el dirigente, la clausura de locales históricos no solo tiene un impacto económico, sino también simbólico, ya que representa una pérdida de identidad productiva y cultural para la región.
El presidente del Centro atribuyó el fenómeno a una conjunción de factores que debilitan la estructura del sector, con epicentro en la falta de controles y el avance de emprendimientos informales. «Es muy sensible lo que estamos viviendo», aseguró.
La situación, sostuvo, refleja un abandono por parte de las autoridades y un contexto económico que complica aún más la sostenibilidad de los emprendimientos legales.
COMPETENCIA DESLEAL Y PANADERÍAS CLANDESTINAS
Uno de los principales reclamos del sector panadero formal se refiere a la proliferación de panaderías que operan al margen de la legalidad.
López fue contundente al describir la situación: «No se puede competir con alguien que no paga impuestos, no tiene empleados registrados, ni cumple con habilitaciones». Esta competencia desleal, explicó, impacta directamente sobre los precios y distorsiona el mercado.
De acuerdo al dirigente, mientras el precio real del pan ronda los $2 mil, los establecimientos ilegales logran venderlo a la mitad. Esta diferencia se explica, según su visión, por eludir obligaciones impositivas, sanitarias y laborales. «Así es fácil vender pan a $1.000», remarcó. El problema se agrava con la distribución informal, muchas veces realizada en vehículos no habilitados y sin controles sanitarios.
López advirtió que esta situación no solo representa una desventaja comercial para los panaderos registrados, sino también un riesgo para la salud pública. La falta de controles en la elaboración y transporte del pan afecta la seguridad alimentaria y deja al consumidor desprotegido frente a eventuales irregularidades en la cadena de producción.
FALTA DE CONTROLES Y RECLAMOS AL ESTADO
Consultado sobre el rol de las autoridades en el abordaje del problema, el referente panadero apuntó a la ausencia de fiscalización municipal. «Está en falta la parte del control municipal», sentenció.
El reclamo se centra en la necesidad de un mayor involucramiento de los organismos competentes para hacer cumplir las normas vigentes en materia de salubridad, empleo y habilitaciones.
López subrayó la necesidad de articular políticas conjuntas entre el sector privado y el Estado. «Si no nos reciben, si no podemos trabajar en conjunto, esto va a seguir pasando», advirtió. El dirigente dejó entrever un malestar creciente por la falta de canales institucionales de diálogo, que impide avanzar en soluciones estructurales.
Además, expresó que los reclamos no son nuevos y que desde el Centro de Industriales Panaderos vienen alertando sobre el tema desde hace tiempo. «Se ve lo que está ocurriendo y las autoridades no toman cartas en el asunto», lamentó, enfatizando la urgencia de implementar medidas concretas para revertir la tendencia.
Sospechas sobre el uso de productos prohibidos
En el marco del análisis sobre los precios extremadamente bajos en algunos puntos de venta, López deslizó una preocupación vinculada al uso potencial de sustancias no autorizadas. Si bien aclaró que no tiene información certera al respecto, dejó abierta la duda: «Con esos precios tan bajos, algo deben estar haciendo para que rinda más».
Esta afirmación pone sobre la mesa una problemática adicional: la posibilidad de que algunas panaderías ilegales recurran a prácticas peligrosas o insalubres para abaratar costos.
El uso de bromato de potasio, una sustancia prohibida por la Anmat en la Argentina por su potencial efecto cancerígeno, ha sido una preocupación recurrente en el rubro durante años.
Aunque López no acusó directamente a nadie, su declaración insinúa que la desregulación del sector también puede abrir la puerta a irregularidades graves en la composición de los productos que llegan al consumidor.
Este aspecto refuerza su llamado a una intervención estatal más decidida para controlar la producción y comercialización de alimentos.
Aumento de costos
y caída del consumo
Otro factor crítico que afecta al rubro panadero tiene que ver con el aumento sostenido de los costos fijos. López mencionó específicamente el precio de la energía eléctrica, las cargas sociales y la antigüedad del personal como elementos que encarecen la estructura operativa de las panaderías formales. Esta situación limita la posibilidad de ajustar precios sin perder clientela.
«No es solo una cuestión de competencia ilegal», aclaró. Según el presidente del Centro, los costos de producción siguen creciendo mientras el poder adquisitivo de los consumidores disminuye. Esta combinación deja a los emprendimientos tradicionales en una situación financiera frágil y con escaso margen de maniobra para sostenerse en el tiempo.
El consumo de panificados también se vio afectado por la crisis económica. «La gente no es que cambió de producto, directamente consume menos», explicó.
Perspectivas
y advertencias
El panorama trazado por el presidente del Centro de Industriales Panaderos es preocupante. La conjunción de competencia ilegal, aumento de costos, caída del consumo y falta de controles configura un escenario que amenaza con seguir expulsando a panaderías históricas del circuito productivo. «Estamos dolidos y enojados», sintetizó López.
El cierre de La Espiga de Oro funciona como un símbolo de una crisis más profunda, que afecta a numerosos emprendimientos familiares y cooperativos en toda la provincia. Para los referentes del sector, la respuesta oficial ha sido insuficiente y el diálogo con los distintos niveles del Estado, escaso o nulo.
Frente a este contexto, López concluyó con una advertencia que resume el sentir de muchos trabajadores del rubro: «De no corregirse esta situación, más panaderías tradicionales podrían cerrar sus puertas».