El rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus), Germán Oestmann, presentó un pedido formal ante el procurador general de la Nación para que se realice una auditoría funcional integral a la Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña, a cargo del fiscal Carlos Martín Amad, por presuntas irregularidades en su actuación en causas vinculadas a la universidad.
Paralelamente, la jueza federal subrogante de Sáenz Peña, María Belén López Macé, aceptó la recusación contra Amad en una causa que investiga a su auxiliar Pamela Michlig, en una denuncia penal presentada en 2022 por autoridades de la Uncaus.
El pedido de auditoria funcional fue presentada el 14 de mayo pasado ante la Procuración General de la Nación y lleva la firma del rector Oestmann, publicó el portal judicial Litigio. El documento, de 8 páginas, alega «desvíos de deberes funcionales» y un «grave conflicto con la autonomía universitaria».
El Consejo Superior de la alta casa de estudios y el propio rector ya habían presentado denuncias por mal desempeño y faltas administrativas contra el fiscal Amad y su ayudante, Pamela Michlig, en 2022. Según Oestmann, existe un «apartamiento reiterado» de la normativa que rige la autonomía universitaria, con «discrepancias graves» en la interpretación jurídica de casos vinculados a la Uncaus.
En ese sentido, advierte que las actuaciones del fiscal «erosionan la transparencia» y violan el principio de unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal (artículo 9 de la Ley 27148). «Las conductas denunciadas, desarrolladas en la opacidad de ‘investigaciones preliminares’, contravienen la normativa constitucional y legal», sostiene el escrito dirigido al procurador Casal.
La presentación puntualiza, además, que «el fiscal denunciado ha incurrido en un desconocimiento del bloque normativo que rige la educación superior, afectando el interés general».
Al respecto, consideró que «la auditoría debe evaluar disparidades de criterio y eventuales apartamientos de la Constitución y las leyes».
Ahora, el procurador general tiene su plazo para pronunciarse. De aceptarse, la Uacaf tendría 90 días para emitir un informe.
OTRO CASO
En ese contexto, la jueza federal subrogante de Sáenz Peña, María Belén López Mace, hizo lugar al planteo de Oestmann respecto del fiscal Amad para que no intervenga en la causa en la que se debiera investigar el accionar de su subordinada Michlig, entre otros, en el marco de la denuncia presentada en 2022 por el rector de la Uncaus por los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y usurpación de autoridad.
Durante la audiencia en la que las partes expusieron sus posturas, el fiscal Amad sostuvo de manera expresa que asume la responsabilidad por los actos de sus subordinados -en este caso, su mencionada auxiliar fiscal- y, asimismo, ratificó su accionar en relación con los hechos objeto de la denuncia.
En ese sentido, la jueza consideró que «tales manifestaciones comprometen su imparcialidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones en esta causa».